Madrid.- El Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, el filósofo José Antonio Marina, el director general de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, Ignacio Calderón, y los sindicatos de enseñanza han afirmado que los altercados de Pozuelo responden a un déficit de educación y han demandado más autoridad a los padres.
Transcurridos cuatros días desde que cientos de jóvenes se enfrentasen a la Policía y protagonizasen unos altercados que se saldaron con diez policías heridos y veinte jóvenes detenidos, siete de ellos menores, las noticias se han centrado hoy en los motivos por los que esos jóvenes estaban de "botellón" y fueron violentos.
Mientras tanto, se ha sabido que la mayoría de los abogados de los siete menores acusados han recurrido la decisión del juez de Menores encargado del caso de que no acudan durante tres meses a fiestas a partir de las 22.00 horas, ya que la consideran desproporcionada.
El Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, ha dicho que la falta de autoridad de padres y profesores está en el origen de comportamientos como "el botellón", y que, cuando por ejemplo se permite "el tuteo" a los maestros, se está abriendo el camino a "la falta de respeto".
En su opinión, los disturbios de Pozuelo se debieron "al desbordamiento de actitudes irracionales" por la pérdida de autoridad y de valores de la sociedad, y ha abogado por distinguir entre libertad y libertinaje.
Múgica ha propuesto promover un gran diálogo "nacional" de todos los sectores implicados en la educación.
Por su parte, el filósofo José Antonio Marina y el director general de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, Ignacio Calderón, han coincidido en que los enfrentamientos de Pozuelo no acabarán con la vía policial, pero son una oportunidad para replantearse las políticas juveniles y reivindicar la comunicación entre padres e hijos, así como la implicación de toda la sociedad.
Calderón ha afirmado que el problema está relacionado con el estilo de vida de unos jóvenes "que se mueven en un ocio promovido por adultos, en fines de semanas con horas interminables en las calles que favorecen el consumo".
Por su parte, Marina ha apuntado que los responsables deben cumplir penas tan duras y tan bien publicitadas como han sido los actos, porque, de no ser así "se favorece la irresponsabilidad".
Los responsables de Educación en Madrid de FETE-UGT, José Vicente Mata, y CCOO, Francisco García, han afirmado que los altercados no se han debido sólo a fallos del sistema educativo, sino, en general, de la Educación que han recibido los jóvenes, y por eso han pedido más clases de Educación para la Ciudadanía.
"Es un problema que no descansa por completo en el sistema educativo. Si decimos que lo que falla es la educación, vale, pero es que los jóvenes sólo reciben una parte de su educación del sistema educativo: está internet, está la televisión. Y sus padres también tendrán algo que ver en el asunto", ha considerado García.
En cuanto a la puesta en libertad de los trece mayores de edad arrestados, la presidenta de la Audiencia Provincial de Madrid, Ana Ferrer, ha dicho que "el hecho de que no se acuerde prisión no es nada excepcional, porque lo excepcional es la prisión".
El director general del Injuve, Gabriel Alconchel, ha asegurado que "la gente joven es consciente de que debe cumplir la ley, de hecho la mayoría de ellos lo hace" y ha pedido que "no se generalice en torno a la juventud, ni se les criminalice por el acto de unos pocos", que sí deben ser sancionados.
El grupo socialista de la Asamblea de Madrid ha reclamado que el Gobierno regional constituya una Unidad de las BESCAM (Brigadas Especiales de Seguridad Ciudadana) cuya labor sea "garantizar la convivencia entre vecinos y jóvenes durante las noches de los fines de semana".
El presidente del PP, Mariano Rajoy, ha sostenido que el sistema educativo puede ayudar a corregir estos comportamientos, aunque ha puesto el acento en la responsabilidad de los padres.
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