Brasilia.- El magistrado Cezar Peluso, relator del proceso en que la máxima corte brasileña decidirá sobre la extradición del italiano Cesare Battisti, calificó como "ilegal" el refugio que el Gobierno de Brasil le concedió al ex activista de izquierdas condenado en su país a prisión perpetua.
Miembros del Supremo Tribunal Federal de Brasil participan en la sesión en la que se decide si se acepta o rechaza el pedido de extradición de la justicia de Italia por el ex activista de izquierda italiano Cesare Battisti.
Peluso, como relator del caso, fue el primero de los diez magistrados del Supremo Tribunal Federal (STF) en presentar su voto sobre el caso Battisti, que ha provocado incidentes diplomáticos entre Brasil e Italia.
La decisión dependerá del voto de la mayoría de los miembros de la máxima corte, que presentarán su opinión en una audiencia que puede extenderse hasta la noche de este miércoles o incluso hasta mañana.
El tribunal tiene que pronunciarse primero sobre la legalidad del refugio concedido por el Gobierno y posteriormente sobre la petición de extradición hecha por Italia.
Battisti fue condenado como reo ausente en su país a cadena perpetua por el asesinato de dos policías, un joyero y un carnicero.
Los crímenes ocurrieron entre 1977 y 1979, cuando el ex activista integraba el grupo Proletarios Armados por el Comunismo (PAC), un brazo de las Brigadas Rojas acusado de numerosos atentados.
Tres años antes de la condena, Battisti huyó de una cárcel italiana y recibió refugio en Francia, donde se convirtió en novelista y trabajó como portero de un edificio.
En 2004 volvió a fugarse cuando la justicia francesa estudiaba un pedido de extradición formulado por Italia.
En marzo de 2007 fue detenido en Río de Janeiro y trasladado a una prisión de Brasilia, en la que permanece recluido a la espera de la decisión del Supremo.
En medio del proceso abierto con el pedido de extradición hecho por Italia, el Gobierno brasileño aprobó en enero pasado una solicitud de refugio presentada por Battisti, tras considerar que en el caso existían "fundados temores de persecución política".
La decisión del Gobierno contradijo una anterior del Comité Nacional para Refugiados (Conare), organismo que depende del Ministerio de Justicia, que había rechazado la concesión del refugio.
El Gobierno italiano protestó por la concesión del refugio y llegó incluso a llamar a consultas a su embajador en Brasil, Michele Valensise, quien permaneció en Roma durante casi un mes.
Según el relator del proceso, el refugio es "ilegal y absolutamente nulo" por lo que el tribunal está libre para decidir si acepta o no la petición de extradición.
"La decisión del Conare está absolutamente correcta. El acto (del ministro de Justicia, Tarso Genro) es ilegal", alegó el magistrado en su voto.
"No hay razón para considerar que, si se concede la extradición, los derechos del extraditado no serán respetados en Italia", agregó.
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