La CIDH recordará histórica misión que reveló crímenes de la dictadura argentina

Buenos Aires.-  El canciller argentino, Jorge Taiana, inaugurará este miércoles la sesión extraordinaria que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) celebrará en Argentina para recordar el 30 aniversario de la histórica misión del organismo que dejó a la luz los crímenes de la última dictadura (1976-1983).

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(EFE)

También participarán autoridades argentinas y algunos de quienes visitaron el país en 1979, como los ex comisionados Tom Farer (EE.UU), Marco Gerardo Monroy Cabra (Colombia) y Edmundo Vargas Carreño (Chile). EFE/Archivo

La sesión extraordinaria contará con la participación de los actuales miembros de la CIDH: su presidenta, la venezolana Luz Patricia Mejía, el vicepresidente primero, el argentino Víctor Abramovich, la jueza chilena Cecilia Medina y el argentino Santiago Cantón.

También participarán autoridades argentinas y algunos de quienes visitaron el país en 1979, como los ex comisionados Tom Farer (EE.UU), Marco Gerardo Monroy Cabra (Colombia) y Edmundo Vargas Carreño (Chile).

Tras la apertura de la sesión, a cargo de Taiana y el secretario de Derechos Humanos de Argentina, Eduardo Luis Duhalde, se desarrollarán diversos paneles que abordarán, a través de sus protagonistas, la importancia de aquella misión, su impacto internacional y el actual sistema interamericano de derechos humanos, informó la Cancillería en un comunicado.

La CIDH es un órgano de la Organización de los Estados Americanos (OEA) creado en 1959 mediante la Declaración de Santiago de Chile, con el objeto de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos y servir como órgano consultivo en esa materia.

Durante su estadía en Argentina, del 6 al 20 de septiembre de 1979, los representantes de la CIDH recibieron 5.580 denuncias de desapariciones forzadas que fueron la base de un informe que el organismo presentó al dictador Jorge Videla.

Además de reunirse con Videla, los miembros de la CIDH se entrevistaron con jefes de fuerzas de seguridad y representantes de organismos de derechos humanos, de la Iglesia y de los sindicatos, establecieron contactos con la prensa y visitaron una decena de sitios señalados como centros clandestinos de detención.

La Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), la principal cárcel ilegal del régimen de facto y donde se calcula que estuvieron en cautiverio unas 5.000 personas, fue uno de los lugares visitados.

El 18 de abril de 1980 la CIDH dio a conocer públicamente el documento "Informe sobre Argentina", que describió un cuadro de violaciones masivas y sistemáticas de los derechos humanos.

"Como era previsible, la dictadura censuró el documento, negó las conclusiones e intentó sustituirlas con una versión apócrifa de los hechos que se intentó transmitir por medio de la enseñanza escolar y los medios de comunicación", sostuvo Taiana en declaraciones difundidas hoy por la agencia estatal Télam.

"Pero gracias a la valentía de los organismos de derechos humanos el informe ingresó clandestinamente en el país y fue difundido pese al férreo control oficial", completó.

Para Taiana, aquella visita supuso "un hito" en la recuperación del estado de derecho en el país, ya que posibilitó que "un sinnúmero de personas, pese al temor reinante, diera su testimonio ante la OEA y formulara denuncias acerca de la desaparición de familiares y amigos".

"El entusiasmo de los familiares tuvo su eco en la oscuridad de las cárceles, donde los presos políticos, entre los que me encontraba, recibimos con prudente alegría el apoyo de la comunidad internacional a nuestros parientes y amigos", recordó.

La presidenta de las Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, sostuvo que la visita de la CIDH suscitó "esperanzas" entre los que buscaban "a dos generaciones en soledad".

Mientras que el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel destacó la importancia de que "por primera vez" un organismo internacional enviara una delegación que "desnudaría" la realidad del país.

Según cifras oficiales, 18.000 personas desaparecieron en Argentina durante la última dictadura, mientras que los organismos de derechos humanos elevan la cifra a 30.000.