Los tumultos marcan el debate parlamentario de la nueva ley de radiodifusión argentina

Buenos Aires.-  Diputados argentinos comenzaron hoy en comisiones parlamentarias el debate de una nueva ley de radiodifusión para reemplazar a la vigente desde la última dictadura, en medio de aplausos del oficialismo y tumultos con la oposición.

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(EFE)

Los debates, en los que participan alrededor de 80 diputados, comenzaron en un plenario de tres comisiones de la Cámara de Diputados. EFE/Archivo

Los debates, en los que participan alrededor de 80 diputados, comenzaron en un plenario de tres comisiones de la Cámara de Diputados, entre ellas la de Libertad de Expresión, de mayoría opositora, que dictaminó que el proyecto oficialista de ley Comunicación Audiovisual sea motivo de siete audiencias públicas.

La decisión desató alborotos y pullas entre los diputados oficialistas y los opositores que piden cambios o se oponen tajantemente al proyecto, que afecta a los intereses de grandes conglomerados de medios de capital nacional y extranjero, principalmente español, mexicano y estadounidense.

El director del regulador Comité Federal de Radiodifusión (Confer), Gabriel Mariotto, reclamó "no tirar la pelota para adelante", como pretenden grupos opositores en vista de que el oficialismo perderá la mayoría parlamentaria en diciembre tras su derrota en las elecciones legislativas de junio.

El medio de aplausos y abucheos, Mariotto subrayó que el Gobierno peronista de Cristina Fernández "no quiere imponer nada" y pidió "hablar claro" a quienes, a su juicio, "defienden" al "monopolio" de los medios de comunicación, en alusión al argentino Grupo Clarín, el mayor conglomerado de medios del país.

"No hemos vivido en el pleno ejercicio de la libertad de expresión porque rige una ley de la dictadura (1976-1983). No puede ser que una sola persona jurídica sea dueña de todo", subrayó.

Uno de los puntos polémicos de la normativa, de la que se conocen pocos detalles, establece que las empresas pueden tener hasta 10 licencias de radio y televisión, 14 menos que el límite actual.

Fuentes oficiales dijeron a Efe que la iniciativa gubernamental ratifica el criterio vigente de un 30 por ciento de inversión extranjera como tope en el sector, mientras que las principales fuerzas de la oposición afirman que se trata de imponer "una mordaza" a los medios de comunicación.

Grupos opositores de centroizquierda condicionan su apoyo a la eliminación de cláusulas que, en su opinión, benefician a las compañías telefónicas, al permitirles competir por medio del llamado "triple play" (servicio de telefonía, Internet y audiovisual).

También exigen que la autoridad de regulación de la radiodifusión no dependa del Poder Ejecutivo, sino de un organismo independiente que represente proporcionalmente a las fuerzas políticas mayoritarias.

La diputada y periodista Norma Morandini, de centroizquierda, dijo que hay que discutir la nueva normativa bajo los principios de que el Estado "debe regular, pero no coartar la libertad", de que "el monopolio es antidemocrático" y "no puede haber censura previa" en los debates.

Tras señalar que en los medios de comunicación "hay más lobbistas que periodistas" y que "falta responsabilidad en la prensa", Morandini se quejó de ser blanco de la "descalificación y prepotencia" de grupos oficialistas.

En medio de un debate que se prevé que durará varias horas, la diputada oficialista Marta Vázquez sostuvo que "hay coincidencias del 70 al 80 por ciento" en el total de cinco proyectos presentados para reemplazar la ley de Radiodifusión dictada por los militares en 1980.

Legisladores de Unión-Pro, fuerza formada por peronistas disidentes con dirigentes de la conservadora Propuesta Republicana (Pro), insistieron en suspender la sesión hasta acordar el sistema que regirá a los debates.

Mientras, el diputado Juan Carlos Vega, de la Coalición Cívica, advirtió que hay que respetar la "reciprocidad" que marcan los "54 tratados de protección de la inversión extranjera" que tiene Argentina luego del "campeonato mundial de firma de tratados" de la década de los 90.

La Coalición Cívica, que reúne a socialistas, dirigentes de centro derecha e independientes, está aliada a la socialdemócrata Unión Cívica Radical, segunda fuerza parlamentaria, en el Acuerdo Cívico y Social, con mayoría en la comisión de Libertad de Expresión.