Valparaíso (Chile).- El Congreso chileno rechazó hoy, por falta de quórum, la creación de una comisión investigadora para indagar los pagos de sueldos por honorarios que el Ejército realiza a varios represores de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), de los cuales 13 se encuentran procesados.
La iniciativa contó con el apoyo inicial de 55 diputados oficialistas, quienes firmaron la solicitud para que se constituyera la comisión, la medida finalmente solo contó con 38 votos a favor y dos en contra. EFE/Archivo
Aunque la iniciativa contó con el apoyo inicial de 55 diputados oficialistas, quienes firmaron la solicitud para que se constituyera la comisión, la medida finalmente solo contó con 38 votos a favor y dos en contra, y no logró alcanzar los 48 votos para su aprobación.
Según explicaron los jefes de las bancadas oficialistas, el ministro secretario general de la Presidencia, José Antonio Viera-Gallo, los llamó ayer para informarse de los alcances de la iniciativa y darles la opinión del Gobierno al respecto.
"Digamos las cosas con claridad, es obvio que a La Moneda y a la presidenta no le parecía cómodo que esta comisión se constituyera, y eso es absolutamente razonable", dijo Eduardo Saffirio, diputado de la Democracia Cristiana (DC).
Por su parte, Viera-Gallo señaló de manera escueta que los diputados "deciden soberanamente y cualquier conversación que se tenga queda en el ámbito de las relaciones entre el Gobierno y sus bancadas".
El diario La Nación reveló el pasado domingo que el Ejército paga sueldos de hasta 2.200 dólares mensuales a varios ex represores de la dictadura militar (1973-1990), algunos de los cuales se encuentran procesados por la Justicia.
La lista publicada por el diario incluye los nombres de ex agentes de la policía secreta, de un médico que torturó a prisioneros y de un fiscal que falsificó documentos para encubrir el crimen del diplomático español Carmelo Soria, secuestrado y asesinado en 1976.
El ministro chileno de Defensa, Francisco Vidal, especificó este martes que son 13 los antiguos represores que aparecen en la lista procesados en casos de violaciones a los derechos humanos y que seis de ellos están contratados, mientras que el resto cobran un sueldo por honorarios.
Sergio Castillo González, uno de los uniformados contratado a honorarios, figura además entre los 131 procesados el martes por el juez Víctor Montiglio, en el marco de tres casos emblemáticos de desapariciones forzadas y otras violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura.
Fuentes castrenses aseguraron hoy que el Ejército puso fin a su vinculación laboral con el militar procesado.
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