Caracas.- La oposición venezolana anunció hoy que solicitará a la OEA que envíe al país una comisión para que constate las supuestas "violaciones" a los derechos humanos por parte del Gobierno del presidente Hugo Chávez.
El alcalde Mayor de Caracas y líder opositor, Antonio Ledezma, informó que introducirá un documento ante la CIDH de la OEA para "solicitar la presencia 'in situ' de una comisión que dirija el doctor Santiago Cantón". EFE/Archivo
El alcalde Mayor de Caracas y líder opositor, Antonio Ledezma, informó que introducirá un documento ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA) para "solicitar la presencia 'in situ' de una comisión que dirija el doctor Santiago Cantón".
"No hay razón, ni pretexto valedero para que el Gobierno de Venezuela se oponga a que se traslade a nuestro país una comisión de este nivel" de la CIDH, dijo a los periodistas.
Ledezma y otros opositores venezolanos pidieron el pasado 21 de julio en Washington al secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, que actuara con carácter preventivo e hiciera un "pronunciamiento" para salvaguardar la democracia en Venezuela y evitar así "males mayores".
"No queremos que (...) vaya un médico forense a ver cuántos cadáveres va dejando la violación del Estado de derecho, sino que aspiramos a que la OEA actúe con carácter preventivo, que haga un pronunciamiento frente a esta situación de ausencia de diálogo, de beligerancia permanente", aseguró entonces Ledezma.
La oposición acusa al Gobierno de Chávez de "perseguir" y "criminalizar" a la disidencia en el país, y a esa conducta atribuye acciones como la detención este jueves del prefecto de Caracas y dirigente opositor, Richard Blanco.
El opositor es acusado de haber presuntamente atacado a un oficial de la policía el pasado sábado, durante una marcha opositora contra la nueva Ley Orgánica de Educación, lo que Blanco ha negado.
La oposición también denuncia que el Gobierno de Chávez supuestamente "viola" derechos como el de la libertad de expresión e información.
Ello con decisiones como el reciente retiro de licencias de transmisión a 34 radios con el alegato de que operaban de forma ilegal porque no actualizaron sus datos ante el ente rector del sector.
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