Caracas.- Venezuela no autorizará la visita al país de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) mientras Santiago Cantón sea su secretario ejecutivo, indicó hoy el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, el oficialista Saúl Ortega.
José Miguel Insulza, secretario de la OEA, organismo al que está adscrita la CIDH, aclaró recientemente que la visita pedida por la oposición solo podrá realizarse si es aceptada por el gobierno venezolano. EFE/Archivo
"Para Venezuela es un problema de principios, pues este señor y la OEA apoyaron la dictadura de Pedro Carmona, después del golpe del año 2002. Por ello, el gobierno considera que hasta que Cantón y sus secuaces promotores de dictaduras no salgan de allí, no vendrán al país", dijo Ortega a la prensa.
Sectores estudiantiles de oposición, con el respaldo de los principales partidos políticos opositores, han "exigido" a la Organización de Estados Americanos (OEA) que envíe una delegación de la CIDH a Venezuela.
Los opositores aducen que el gobierno venezolano "persigue la disidencia política" y que existen "presos políticos".
José Miguel Insulza, secretario de la OEA, organismo al que está adscrita la CIDH, aclaró recientemente que la visita pedida por la oposición solo podrá realizarse si es aceptada por el gobierno venezolano.
La última vez que una misión de la CIDH estuvo en Venezuela fue en mayo de 2002 para analizar el golpe de Estado contra el presidente Hugo Chávez, registrado un mes antes y encabezado por el empresario Pedro Carmona, actualmente refugiado en Colombia.
El informe causó disgusto al gobierno porque, según la versión oficial, no condenó expresamente el golpe, lo cual llevó a no autorizar nuevas visitas.
"La CIDH tiene un asunto pendiente con Venezuela, y es que su coordinador (en referencia a Cantón) aplaudió al señor Carmona cuando dio un golpe de Estado. Una vez que eso se resuelva, la Comisión podrá actuar", dijo Roy Daza, presidente de la comisión de Política Exterior de la Asamblea.
Por otra parte, el gobierno venezolano ha rechazado la versión de los "presos políticos" y ha explicado que la responsabilidad que acarrea infringir el Código Penal no puede evadirse alegando una persecución por motivos políticos.
En esa línea se pronunció hoy Ortega quien dijo que los presos de la justicia ordinaria no son políticos y que las personas detenidas tienen un proceso en tribunales con todas las garantías constitucionales.
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