Detenido el abogado de víctimas chinas de la leche adulterada con melamina

Pekín.-  El abogado Xu Zhiyong, uno de los que defienden los casos de leche adulterada con melamina en la que murieron seis bebés y otros 300.000 enfermaron, fue retenido por las autoridades chinas, según informó hoy su bufete de abogados en un comunicado.

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(EFE)

Varios empleados tiran productos que contienen leche en polvo con melamina a la basura en la ciudad de Wuhan, provincia central china de Hubei.

Xu está incomunicado desde las cinco de la madrugada del miércoles 29 de julio, después de haber sido visto abandonando su domicilio bajo la custodia de un policía uniformado y otros cinco individuos vestidos de paisano, señaló el bufete Iniciativa para una Constitución Abierta (OCI, en inglés, o "Gongmen" en mandarín).

Xu es de los fundadores de este bufete que agrupa a abogados defensores de los derechos humanos, conocidos como "weiquan" en China, y que son apenas unos doscientos del total de 140.000 letrados que ejercen en el país asiático, debido a la dificultad de defender estas causas en el régimen totalitario chino.

El 17 de julio del Buró de Asuntos Civiles realizó una redada en el bufete OCI después de haber retirado las licencias de sus abogados, de una lista de 85 letrados "weiquan" que no podrán seguir ejerciendo causas de derechos humanos en China.

Los colegas de Xu no han podido contactar con él desde su desaparición.

"Estamos muy preocupados por Xu Zhiyong. Esta preocupación se debe al aumento de castigos por parte del Gobierno chino hacia individuos que, como Xu, están en la vanguardia del movimiento de derechos humanos nacional en China", declaró a Efe Phelim Kine, investigador para Asia de la ONG Human Rights Watch (HRW).

Kine añadió que el grupo que representa está en particular preocupado por el caso de Xu a la luz de la voluntad del gobierno chino de cerrar Gongmen bajo supuestas infracciones impositivas.

Según declaró a Efe Jiang Tianyong, uno de los abogados de OCI, el verdadero motivo del cierre es que se ocupan de casos "que no gustan al Gobierno", como los afectados por la melamina, los seguidores torturados del grupo budista Falun Gong, los tibetanos encausados en las revueltas del año pasado, los esclavos de las fábricas de ladrillos y otras víctimas de la corrupción del Partido.

La defensa de estas causas, añadió Jiang, está recogida en la Constitución, pero de facto "el gobierno quiere manipular todos los casos, y si no obedeces sus órdenes, eres castigado".

HRW instó hoy al gobierno chino a que desvele el paradero del abogado Xu Zhiyong. "Si el señor Xu ha sido arrestado, pedimos al gobierno chino que le facilite el acceso a un abogado de su elección, como garantiza la ley".

A raíz de la acusación del Buró de Asuntos Civiles, Xu tenía que personarse hoy en una audiencia sobre el supuesto impago de impuestos, por el que OCI se enfrenta a una multa de 45.000 dólares.

Según esa acusación, OCI debería estar registrada como una organización no gubernamental (ONG), y no como un bufete, un procedimiento administrativo complejo y costoso en China.

En la redada de Gongmen, la policía confiscó ordenadores y todos los archivos de investigación sobre los casos de peticionarios y otras víctimas que llevaron sus casos hasta Pekín desde toda China.

Analistas como Jerome A. Cohen, de la Universidad de Nueva York, señalan que el caso de Gongmen indica una represión más sofisticada de los "weiquan", hasta ahora víctimas de acosos, detenciones, palizas y torturas, a pesar de que el gobierno del Partido Comunista Chino (PCCh) asegura que el país se rige por la ley.

En cuanto a las víctimas de la melamina, Gongmen se estaba acogiendo a una nueva normativa de seguridad alimentaria que entró en vigor el 1 de junio, pero después del acoso a los abogados no está claro estos casos prosperen en los tribunales.

Hasta ahora, el tribunal de Shijiazhuang, donde la firma láctea Sanlu, principal implicada en el envenenamiento, tiene su sede, sólo había aceptado dos casos, mientras que el 90 por ciento de las familias aceptaron la compensación fijada por el gobierno, de 30.000 dólares en caso de muerte y 4.400 por operación quirúrgica.

En caso de aceptar la compensación, los familiares perdían el derecho a llevar a Sanlu a los tribunales.