Vitoria.- La Diputación de Álava ha reclamado al Ministerio de Hacienda que abone a las arcas forales los 456 millones de euros por operaciones de IVA correspondientes a los ejercicios fiscales entre 1990 y 2005, independientemente de que el Estado decida recurrir ante el Tribunal Supremo esta devolución.
La Junta Arbitral del Concierto Económico del País Vasco dictaminó el pasado mes que el Gobierno central debe devolver a la Diputación de Álava 456 millones de euros en concepto del IVA que la Agencia Tributaria ingresó en unas operaciones de importación del grupo automovilístico MG Rover.
MG Rover almacenaba en el centro logístico alavés de Araia los turismos que luego se distribuían a concesionarios. La Diputación defendía que el IVA de la venta tenía como origen Álava y por eso reclamaba estas cantidades, que cobró la Agencia Tributaria.
El diputado alavés de Hacienda, Luis Cimiano, se reunió ayer en Madrid con el secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, para reclamar el pago efectivo de esta cantidad.
Según ha informado hoy la Diputación, Cimiano solicitó al Estado que, con independencia de que decida recurrir o no al Supremo la resolución de la Junta Arbitral, proceda al pago de dicha cuantía a las arcas forales.
El diputado ha subrayado que "la recuperación de los 456 millones de euros, ingresados indebidamente al Estado desde el año 90, es muy importante para Álava".
Cimiano ha señalado que en el encuentro de ayer mostró al secretario de Estado la disposición de la Diputación a colaborar "posibilitando la negociación de distintas alternativas para hacer efectivo el pago".
Además, el diputado ha recordado que Álava "en ningún momento ha judicializado este tema", por lo que "no se entendería que ahora la Administración del Estado judicializara este asunto y no abonara la cuantía de una resolución ejecutiva que tal y como ha indicado la Junta Arbitral le corresponde a la Diputación alavesa", ha recalcado.
Cimiano también ha señalado que los 456 millones que debe devolver el Estado a Álava es una cuantía proporcionalmente inferior al pago que han tenido que hacer otras administraciones vascas por resoluciones parecidas.
Si finalmente el Estado decide recurrir la decisión ante el Tribunal Supremo, la Diputación alavesa "entendería este movimiento como una maniobra dilatoria para no pagar", ha insistido el responsable foral de Hacienda.
También ha advertido de que si no se abona ese dinero la Diputación reclamará también los intereses por el volumen íntegro de la deuda pendiente y acumulada durante los últimos 14 años.
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