Quito.- El fiscal general de Ecuador, Washington Pesántez, señaló hoy que su país pedirá a la Policía Internacional (Interpol) que emita una "circular roja" contra el ex ministro de Defensa de Colombia Juan Manuel Santos por su participación en el bombardeo a campamento de las FARC en suelo ecuatoriano.
Pesántez señaló que la Fiscalía insistirá ante la Interpol "no ya en la difusión (de una orden) azul", que busca la obtención de información sobre la ubicación del implicado, "sino en la difusión roja, que significará, habiendo prisión preventiva, la detención (de Santos) en cualquier lugar del mundo".
El fiscal también criticó la decisión de la Interpol de negar la difusión de la "circular azul" para ubicar al ex ministro Santos.
"Es cierto que se puede negar la difusión cuando se trata de un caso político, militar, religioso o racial, pero este es un asunto estrictamente judicial", sostuvo Pesántez ante los periodistas locales.
De acuerdo con Ecuavisa, para poder modificar el tipo de orden, el juez de Sucumbíos (noreste amazónico), que emitió la orden de prisión preventiva, tendría que tramitar una orden de extradición contra Santos a la Corte Nacional de Justicia y ésta a la cancillería.
A juicio de Pesántez, el secretario general de la Interpol, Ronald Noble "que de noble parece tener muy poco o nada" negó la petición de Ecuador por motivos políticos.
Interpol "analiza la orden de prisión del Estado ecuatoriano y la niega, (pero) así como la Fiscalía no debe intervenir en asuntos políticos o militares, tampoco la Interpol" debe hacerlo, señaló el fiscal.
Cuando la Interpol ha pedido colaboración a Ecuador, dijo: "rara vez no hemos ubicado o hemos detenido" al implicado y "cuando Ecuador pide no se ve la misma agilidad".
"Lo que nosotros hemos pedido es que intervenga en un asunto estrictamente jurídico", reiteró y añadió que la negativa de Interpol al pedido de Ecuador constituye "una actuación inédita y parcializada que los organismos del Estado" rechazan.
Después del bombardeo del Ejército colombiano el 1 de marzo de 2008 en Angostura, un enclave selvático de Ecuador donde se radicaba un campamento clandestino de las FARC, la Fiscalía General ecuatoriana inició una indagación previa.
En ese proceso investigó la muerte de 26 personas "acribilladas o asesinadas a golpes de culatazos de fusil en el cráneo de acuerdo al informe presentado por peritos franceses", detalla la Fiscalía en un comunicado.
Entre los muertos en la operación colombiana se encontraba el entonces número dos de la guerrilla, alias "Raúl Reyes", un ciudadano ecuatoriano y cuatro estudiantes mexicanos.
De acuerdo con el texto de la Fiscalía, durante 15 meses se recopilaron evidencias hasta que Carlos Jiménez, fiscal de Sucumbíos, provincia donde se tramitaba el caso, concluyó la fase de indagación reservada y ordenó el inicio de una instrucción, en la cual imputó a Santos.
Además, señala que la Fiscalía ha solicitado una serie de diligencias e información a la Fiscalía de Colombia, sin que reciba ninguna respuesta hasta el momento.
Por otro lado, en la rueda de prensa Pesántez también arremetió contra los abogados colombianos que han presentado una demanda contra el presidente de Ecuador, Rafael Correa, por mantener supuestos vínculos con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
"Habría que decir que la acción política, que no jurídica, que está teniendo un testaferro de apellido de la Espriella, no son sino acrobacias de los auxiliadores del paramilitarismo y del terrorismo de Estado", manifestó Pesántez, en referencia al abogado Abelardo de la Espriella que encabezó la demanda contra Correa.
El ataque de Angostura provocó la ruptura de relaciones diplomáticas entre Ecuador y Colombia, situación que se mantiene y que hoy vive otro momento crítico debido al cruce de declaraciones a raíz de las disposiciones de la justicia ecuatoriana.
De hecho, hoy, el canciller de Ecuador, Fander Falconí señaló que las relaciones con Colombia atraviesan "el peor momento".
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