Santa Cruz de Tenerife.- Los servicios jurídicos del Gobierno canario han tramitado hoy una súplica en la que piden al Tribunal Superior de Justicia de Canarias que anule la providencia por la que le obliga a pagar 101 millones de euros por el caso Tebeto, o que en caso contrario amplíe el plazo para ello a tres meses.
Así lo anunció el portavoz del Ejecutivo regional, Martín Marrero, quien dijo en rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno que los servicios jurídicos argumentan dicha petición en que puede haber defectos en el aval presentado por el demandante de este caso, el empresario Rafael Bittini.
El Gobierno entiende que estos defectos son de carácter técnico y se refieren, entre otras cuestiones, a una cuestión de plazos, pues hay "un cierto desfase" entre el depósito y la constitución del aval, lo que puede generar un riesgo "impropio" para la entidad pública.
También considera el Ejecutivo canario que el aval debe tener una duración indefinida, y no de 10 años como pide el demandante, y Martín Marrero recordó que la Comunidad Autónoma hasta ahora no se había enfrentado a una situación así.
Añadió que los servicios jurídicos y el consejero de Economía y Hacienda, José Manuel Soria, trabajan "en todas las posibilidades para explorar" cómo debería ser el pago de la citada cantidad y en todo caso, advirtió de que debe ser el Tribunal Supremo el que se pronuncie sobre el fondo de la cuestión cuando dictamine sobre el recurso presentado por la Comunidad Autónoma.
En cuanto al pago, se intentará extraer "la mayor cantidad posible" del presupuesto autonómico en vigor "teniendo en cuenta que en ningún momento el Gobierno canario cambiará sus objetivos prioritarios en materia de educación, sanidad y asuntos sociales", dijo su portavoz.
De hecho, el Gobierno advertirá al TSJC de que se debe mantener los servicios públicos esenciales, máxime en una situación de crisis, por lo que el tribunal debe propiciar una fórmula de pago "que no sea tan estricta ni tan contundente" como se establece en la providencia que el Ejecutivo considera "injusta".
Ello se debe, entre otros asuntos, a que concede un plazo bastante corto para el pago, quince días del que ahora quedan diez.
Marrero precisó además que el Gobierno no negocia con el empresario Rafael Bittini excepto "en el ámbito jurisdiccional", recordó que este litigio se remonta a hace dieciséis años y expresó la convicción del Ejecutivo de que su recurso de casación será admitido por el Tribunal Supremo.
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