Tras meses acaparando las páginas internacionales de todos los periódicos latinoamericanos y buena parte de los europeos, el conflicto colombiano se ha apagado. Las liberaciones de rehenes en manos de las FARC —las últimas promovidas por un grupo de intelectuales que se autodenominan 'Colombianos por la paz'— se han parado, el diálogo entre la guerrilla se ha interrumpido y no hay indicios de que esta situación vaya a dar un giro en los próximos meses. Pero los que quieren que un conflicto que va ya por su sexta década termine de una vez por todas no se dan por vencidos y han convertido en su bandera ese dicho de que 'cuando se cierra una puerta, se abre una ventana'.
Don Berna ha dado nombres y datos de vital importancia sobre el paramilitarismo.
Pues bien, la ventana se ha abierto de par en par encarnada en los jefes paramilitares que fueron extraditados a Estados Unidos. Nombres que todavía hoy producen escalofríos como Mancuso, Don Berna, Jorge 40 o Macaco están dispuestos a dar nombres, fechas y todos los datos que se les pregunten, pero su situación legal —procesados por narcotráfico en Norteamérica— dificulta el proceso.
Sin embargo, esto no ha parado a un grupo de defensores de derechos humanos y legisladores colombianos, entre los que se encuentra la senadora Piedad Córdoba, —la cara más visible de los 'Colombianos por la paz'— que, tras escuchar los terribles relatos de los ex jefes de las Autodefensas Unidas de Colombia (paramilitares), se han puesto manos a la obra para conformar una comisión que tome nota de estas confesiones y encuentre los mecanismos legales para que las atrocidades que han tenido lugar en el país sudamericano no queden impunes.
Si todo sale bien, habrá varios españoles —al menos dos diputados y un prestigioso abogado, cuyos nombres aún no han sido revelados— en este grupo. Así lo ha confirmado la propia Piedad Córdoba, de gira por España para lograr apoyos importantes para su causa. La parlamentaria, que en estos momentos tiene un proceso abierto en Colombia por supuestos nexos con la guerrilla, ha vuelto a explicar a las autoridades españolas la situación que se sigue viviendo hoy en día en su país. "En la toma de posesión del presidente de Honduras, Mauricio Funes, cuando hizo referencia al número de habitantes de su país, pensé 'qué dramático tener los mismos habitantes que tiene el país centroamericano en número de desplazados internos en Colombia (cuatro millones)'", ha explicado en una conferencia en Madrid.
Según ella, es sangrante e "inaceptable" que con las cifras tan alarmantes de víctimas del conflicto que hay en su país, el Gobierno haya "hundido" la Ley de Víctimas. "No era perfecta, pero paliaba la situación de las personas afectadas por la violencia en Colombia", ha señalado. Así, explicó que hoy más que nunca es necesario que los bienes confiscados a los paramilitares procesados "entren en el fondo de reparación de las víctimas", algo que se tornó muy complicado con la decisión de extraditar a los altos mandos del grupo armado a Estados Unidos, donde están siendo juzgados por otros delitos muy diferentes.
Cuando el Gobierno comenzó a extraditar a los jefes de las Autodefensas el año pasado, las autoridades colombianas juraron y perjuraron que existía un convenio con la justicia norteamericana para que éstos continuasen con las declaraciones y completar así el proceso de Justicia y Paz por el que fueron desmovilizados. Para su sorpresa, un grupo de senadores (Piedad Córdoba incluida), que viajó hace unos pocos meses a Estados Unidos para ver con sus propios ojos el estado del proceso, se encontró que el supuesto proceso paralelo para juzgar los crímenes de los paramilitares es inexistente. Pero no todo está perdido. Así lo pudieron comprobar cuando recibieron una sorprendente misiva cuyo remitente era el propio Salvatore Mancuso en la que aseguraba que quería confesar todo lo que sabía.
Salvatore Mancuso es responsable de miles de muertes, pero en la actualidad sólo es juzgado por narcotráfico.
Todavía sin fiarse del todo, Córdoba volvió a finales de mayo a Estados Unidos, esta vez junto a Iván Cepeda, que además de ser otro de los 'Colombianos por la paz', es el presidente del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE), y otros activistas del país. Juntos consiguieron convencer a uno de los abogados estadounidenses para que les dejasen reunirse cara a cara con Mancuso y los demás paramilitares. De esta manera se suceden las reuniones con Jorge 40, Macaco y con el Tuso.
Fueron unas reuniones muy difíciles porque, entre otras cosas, los paramilitares contaron con pelos y señales quién dio la orden de matar a quién —Cepeda tuvo que escuchar quién ordenó asesinar a su propio padre—; cómo se financiaron las masacres y las campañas electorales de algunos políticos —según Córdoba, uno de ellos llegó a decir: "Yo puse un millón de dólares para la reelección del presidente"—; y confirmaron lo que hasta ahora era sólo un rumor: la existencia de hornos crematorios en los que hacían desaparecer los cadáveres de las ejecuciones extrajudiciales.
De momento, las ONGs sólo han podido contrastar 1.500 ejecuciones extrajudiciales, pero estas informaciones podrían completarse con las confesiones que están en marcha. "Don Berna nos dio una información muy triste: que las ejecuciones extrajudiciales podrían ser más de 10.000", cuenta Córdoba. Para la senadora, el de Don Berna fue uno de los relatos más escalofriantes, ya que aportó información sobre crímenes aún sin resolver en Colombia, como la de los desaparecidos de la Comuna 13 de Medellín. "No siga buscándoles. Nosotros los tiramos al río Cauca con ayuda de la Policía", contó el ex paramilitar, que dio nombres de los supuestos responsables de la matanza.
Pero, ¿por qué tanta disponibilidad para confesar? Córdoba reconoce que en un primer momento pensó que había "gato encerrado", pero los avances que se han logrado en las últimas semanas, le han hecho cambiar de opinión. Para empezar, los paramilitares tienen una buena razón para confesar y es la propia seguridad de sus familias. No en balde, ya han muerto otros 2.000 mandos medios paramilitares y familiares. Por otro lado, un grupo formado por un abogado, un antropólogo y una defensora de derechos humanos, conocedores todos ellos del conflicto —y refugiados en España—, analizaron el gesto. Según ellos, hay un motivo más profundo en esta voluntad de hablar de los que fueron verdugos y es que éstos se sienten "traicionados" por el Gobierno colombiano que los entregó a las autoridades norteamericanas, y recordaron la frase del mítico narcotraficante, Pablo Escobar, quien llegó a decir que prefería "una tumba en Colombia que una cárcel en Estados Unidos".
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