Valladolid.- La constructora Begar ha presentado hoy en el Juzgado de lo Mercantil de Valladolid solicitud de Concurso de Acreedores, con un pasivo de 297 millones de euros, y ha solicitado que se le autorice un expediente de regulación de empleo parcial que afectaría como máximo a 203 trabajadores.
Vista de la obra de la "Ciudad del Mayor" de León, de la empresa constructora Begar. EFE/Archivo
Según ha anunciado hoy la constructora en un comunicado de prensa, la presentación del Concurso de Acreedores se ha debido a la situación financiera y económica del sector de la construcción y del sector Inmobiliario.
"La decisión de las entidades de crédito de no apoyar financieramente a la constructora, debido principalmente a la falta de contratación de obras desde el mes de febrero, ha llevado a la empresa a tener que adoptar esta medida", ha observado Begar en el comunicado.
Esta decisión "se ha tomado con la finalidad de salvaguardar los intereses de los trabajadores de la empresa y de los proveedores de la misma".
La empresa ha aclarado que "el resto de las empresas del Grupo Begar, del sector servicios, del sector inmobiliario y las empresas editoras de los distintos medios de comunicación, no se ven afectadas por este proceso concursal, y continuarán su actividad con total normalidad".
La firma ha argüido que "esta medida permitirá continuar con los procesos de construcción de las promociones en curso, y poder cumplir con las previsiones de entrega de las viviendas".
El presidente de la constructora afectada, Begar Construcciones y Contratas, y del grupo del mismo nombre, es José Luis Ulibarri Cormenzana, que fue imputado por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón en el caso Gürtell por un concurso de suelo en Boadilla del Monte (Madrid).
Además de la constructora, Ulibarri tiene empresas relacionadas con los sectores de comunicación, servicios, medio ambiente y sanidad, entre otros.
El sindicato UGT habían convocado a los trabajadores de la constructora Begar a que se concentren a las puertas de la empresa en Valladolid el próximo miércoles, 17 de junio, para "que clarifique su situación" ante las noticias de falta de financiación e impago de la nómina de mayo.
El secretario de Política Sindical de la Federación del Metal, Construcciones y Afines (MCA) de UGT de Castilla y León, Pedro Hojas, explicó ayer a Efe que la medida de protesta respondía a la falta de información de la empresas sobre lo que tiene previsto hacer, cuando los trabajadores no han cobrado el mes de mayo y se está despidiendo a los que cumplen contrato por obra.
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