Gallizo alerta de "algunos riesgos" en el sistema y de la sobrepoblación reclusa en España

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA.-  La secretaria general de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, alertó de que el actual sistema penitenciario "corre algunos riesgos" y planteó varios desafíos, entre los que destaca la sobrepoblación reclusa en España, donde hay más de 75.000 presos; el "crecimiento espectacular de personas sometidas a medidas alternativas" que asciende a 84.326 en el territorio de la Administración General del Estado, a los que habría que sumar los de la Comunidad Catalana con competencias en esta materia; el aumento de personas extranjeras en las prisiones; y el incremento de reos con enfermedades mentales.

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EP (EUROPA PRESS)

La secretaria general de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, alertó de que el actual sistema penitenciario "corre algunos riesgos" y planteó varios desafíos, entre los que destaca la sobrepoblación reclusa en España, donde hay más de 75.000 presos; el "crecimiento espectacular de personas sometidas a medidas alternativas" que asciende a 84.326 en el territorio de la Administración General del Estado, a los que habría que sumar los de la Comunidad Catalana con competencias en esta materia; el aumento de personas extranjeras en las prisiones; y el incremento de reos con enfermedades mentales.

En la inauguración de las XVIII Jornadas de los magistrados de Vigilancia Penitenciaria, que se desarrollarán hasta el jueves en Las Palmas de Gran Canaria, Gallizo llamó la atención porque el sistema penitenciario en España, "uno de los referentes a nivel internacional", pensado en reinsertar a personas que han cometido delitos, "corre algunos riesgos". Así, indicó que "preservar este sistema penitenciario pasa por racionalizar el recurso a la prisión".

"La sobrepoblación de nuestro sistema penitenciario es uno de los principales desafíos de la Administración Penitenciaria", señaló Gallizo, que indicó que en el territorio competencia del Estado hay 65.753 personas en prisión y 84.326 en cumplimiento de medidas alternativas.

En lo que se refiere a las personas en prisión, desde el año 2000 a 2008 aumentó la población reclusa en España un 63 por ciento "sin que la tasa de delincuencia se haya modificado de la media de 20 puntos por debajo de los países europeos". Sin embargo, destacó que "España ha escalado el primer puesto entre los países europeos en la proporción de población reclusa respecto del conjunto de la población".

NUEVOS DELITOS

Atribuyó este incremento a "los nuevos tipos penales, a los efectos retardados de diferentes reformas penales y a la presencia cada vez mayor de extranjeros en el sistema penitenciario". Así, incidió en analizar los límites del recurso a la prisión y "qué espacios de cumplimiento alternativo pueden desarrollarse". No en vano, aseguró que España tiene "un gran déficit de entender que el cumplimiento de las penas en los pequeños delitos tradicionales". Gallizo confesó creer "mucho en la justicia reparadora, algo que tanto para el infractor como para la víctima es un camino todavía inexplorado en España para los delitos tradicionales".

A este respecto, propuso "un esfuerzo de racionalización del cumplimiento del régimen de semilibertad" y recordó que la Administración pretende revisar "de forma decidida los procedimientos de clasificación de personas condenadas a penas cortas". Según Gallizo, "en España hay una creencia popular de que las penas menores de 2 años no se cumplen en prisión". Sin embargo, actualmente hay 12.285 personas en las cárceles con condenas inferiores a 3 años.

En cuanto a las penas alternativas, resaltó el "crecimiento espectacular porque en España había apenas 500 personas sometidas a medidas alternativas y hoy hay más de 80.000 en el territorio de la Administración General del Estado, a los que habría que sumar los de la administración catalana". Para que estas medidas sean efectivas reclamó "un esfuerzo compartido", especialmente por parte de las comunidades autónomas y ayuntamientos para establecer los puestos en los que deben desarrollarse estos trabajos comunitarios. Así, criticó que "hay un muy insuficiente compromiso en el conjunto de la comunidad en el desarrollo de esta acción".

REVISAR LAS CONDENAS A "CORREOS DE LA DROGA"

El tercer desafío que comentó es el del aumento de otros países en el sistema penitenciario de España, que alcanza casi el 35 por ciento de la población reclusa, dato que aclaró que "no se corresponde necesariamente con la proporción de extranjeros que delinquen, sino que éstos permanecen más tiempo en las prisiones por la aplicación de determinadas leyes y su falta de arraigo en España, lo que les hace acceder más difícilmente a regímenes en semilibertad o a condicional".

Así, planteó revisar las condenas que se aplican a personas que hacen de "correos de la droga, que vienen a España por supervivencia económica manejados por mafias internacionales y que son penalizados casi en la misma medida" que los que dirigen el tráfico de drogas. De este modo, apostó por que "el cumplimiento de la condena efectiva sea menor y decretar libertad condicional con expulsión en un tiempo más breve para que puedan ir a sus países".

Por último, recalcó "la presencia cada vez más numerosa de personas con patologías psiquiátricas en las prisiones". Afirmó que éstas "se han convertido en un recurso asistencial" ante la falta de "centros de larga estancia para personas con enfermedades mentales" y subrayó que "no es justo ni es el papel que debe tener el sistema sanitario ni el sistema penal con las personas que tienen una enfermedad mental". De esta forma, reclamó a las comunidades contar con recursos sociales que "prevengan el delito".

LA EXPERIENCIA CATALANA

Por su parte, el secretario de Servicios Penitenciarios, Rehabilitación y Justicia Juvenil de la Generalitat de Catalunya, Albert Batlle, alertó de los "posibles cambios" que comporta el cambio de paradigma del sistema penitenciario, al pasar de "reeducar" a "una concepción que considera que el sistema penal es la concatenación de una personalidad delictiva y una insuficiencia de respuesta cognitiva por parte del Estado", aunque, en su opinión, "eso no es así pues las leyes penales son de importante dureza".

Además, alertó de la modificación de la Ley Orgánica General de Vigilancia Penitenciaria y la Ley de Enjuiciamiento Criminal y dotar de un instrumento legislativo que regule cómo ejecutar las medidas penales alternativas.

"España se ha convertido en el país más penitenciarista de Europa", remarcó Batlle, que admitió que ello significa que "hay algo que no funciona, como es el recurso continuado al encarcelamiento y que las largas condenas hacen muy difícil el proceso de reinserción social". Así, pidió "racionalidad en el momento de atender a las modificaciones legislativas" y que no se modifiquen más leyes sin una suficiente dotación presupuestaria porque "se está al borde del colapso".

Agregó que en los dos últimos años han crecido en Cataluña las medidas penales alternativas cerca de un 200 por ciento y alertó del "peligro de las prescripciones porque eso es igual a impunidad y eso es una burla absoluta".

Las vocales del CGPJ Concepción Espejel e Inmaculada Montalbán resaltaron la importancia del encuentro para poner en común experiencias, "sobre todo en la situación actual de elevado porcentaje de personas que cumplen penas en prisión", según Montalbán, que resaltó la incidencia de las nuevas leyes como la de seguridad vial, violencia de género y delitos contra la libertad sexual.

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Antonio Castro, expresó la importancia de las jornadas para "la aplicación homogénea de las escasas normas sobre el cumplimiento de las penas privativas de libertad", al tiempo que reclamó el "derecho a la defensa de personas privadas de libertad". El fiscal superior de la Comunidad Canaria, Vicente Garrido, insistió en la "saturación de los centros penitenciarios" y la "necesidad de cada vez más armonizar otro tipo de medidas alternativas que sustituyan la entrada en prisión".

La viceconsejera de Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Carolina Déniz, hizo hincapié en la importancia de la falta de especialización de los juzgado de vigilancia penitenciaria y el problema de la dispersión de la normativa en esta materia. Además, aceptó la demanda del decano del Colegio de Abogados de Las Palmas, Joaquín Espinosa, de crear una especialidad dentro del turno de oficio para la asistencia a presos.