Gallizo aboga por racionalizar el recurso a la prisión

Las Palmas de Gran Canaria.-  La secretaria general de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, abogó hoy por "racionalizar el recurso a la prisión" y dijo que su departamento se ha propuesto revisar los procedimientos de las personas con penas cortas inferiores a 3 años y de bajo riesgo para que pasen a un régimen semiabierto.

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(EFE)

De izda a dcha. La viceconsejera de Justicia del Gobierno de Canarias, Carolina Déniz; la secretaria general de Instituciones Penintenciarias, Mercedes Gallizo; las vocales del Consejo General del Poder Judicial, Concepción Espejel y Inmaculada Montalban, y el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Antonio Castro Feliciano, durante la inauguración de las XVIII Jornadas de los magistrados de Vigilancia Penitenciaria, que se celebran en Las Palmas de Gran Canaria.

Gallizo, en la inauguración de las XVIII Jornadas de Magistrados de Vigilancia Penitenciaria en la capital grancanaria, señaló que desde la Administración Penitenciaria se quiere hacer un "esfuerzo" para que el cumplimiento de las penas de estos internos, que cifró en 12.285, no suponga una quiebra en su propia vida y en su trabajo.

Subrayó que la cifra de presos con este tipo de condenas es muy elevada, pues la población reclusa en España es de 75.000 personas, aunque al Estado le competen 65.753, pues recordó que Cataluña tiene plenas competencias en esta materia.

El impacto de la prisión en estas personas no es positivo, señaló Gallizo, quien además destacó que en España este camino está aún por explorar.

Sostuvo que "hay que reflexionar sobre qué límites debe de tener la prisión y qué espacios alternativos se pueden desarrollar" y alertó de que el sistema penitenciario español, cuyo fin es la reeducación y reinserción, "corre algunos riesgos" y el exceso de población reclusa es uno de sus principales desafíos.

Informó de que en España 84.326 personas ejecutan sus penas a través de medidas alternativas a la prisión, si bien todas ellas o una parte sustancial se derivan de la nueva legislación y en particular de la Ley de Tráfico.

Subrayó también que existe un "gran déficit" a la hora de entender que el cumplimiento de penas por pequeños delitos tradicionales o cometidos por personas primarias se puede hacer en comunidad, lo cual además tiene un aspecto reeducador y reparador importante, y tanto para el infractor como para la víctima "es un camino inexplorado" en España.

Consideró también que se debe hacer un esfuerzo en la creación de centros de reinserción para los delincuentes que pueden ser tratados en un régimen de semilibertad y calificó de "muy insuficiente" el compromiso por parte de las administraciones locales y autonómicas en este aspecto.

Subrayó el incremento en un 63 por ciento de la población reclusa española entre los años 2000 y 2008, sin que las tasas de delincuencia se hayan modificado y estén veinte puntos por debajo de los países europeos, al tiempo que señaló que España figura entre los países europeos con mayor población reclusa en relación al conjunto de su población.

Gallizo insistió en que se debe actuar para que la sobre población carcelaria no impida el desarrollo del trabajo en los centros penitenciarios, cuyo fin es la reinserción y educación, y, en cuanto a la población extranjera, que dijo que es muy elevada, pues supone el 35 por ciento de la población, señaló que también se debería reflexionar sobre determinadas situaciones.

Citó las elevadas penas que se imponen a los correos de la droga, pues actúan en su mayoría por "desesperación económica" y sufren condenas de 9 años, similares a las de los dirigentes de estas mafias.

Además, alertó de que los centros penitenciarios se han convertido en centros asistenciales, pues muchos de los presos padecen patologías psiquiátricas, lo cual "no es justo ni razonable" y señaló que las distintas comunidades autónomas deben contar con ese tipo de recursos.