Figueruelas sigue con inquietud últimos acontecimientos de la crisis de GM

Zaragoza.-  Los 7.500 empleados de la planta de GM-Europa en Figueruelas (Zaragoza) siguen con preocupación e incertidumbre las negociaciones que se llevan a cabo en EEUU y Alemania, para garantizar la viabilidad económica de Opel, filial del hasta poco principal fabricante automovilístico del mundo, amenazado con una posible suspensión de pagos.

Entre la plantilla, ha reconocido a Efe el presidente del comité de empresa, Juan José Arceiz, hay "inquietud y preocupación", ya que "es un proceso muy largo y psicológicamente está afectando mucho", creando "incertidumbre" ante una "situación muy complicada y nada deseable".

Para Arceiz, es clave la reunión que mañana celebrarán en Berlín los potenciales nuevos inversores en Opel -Fiat, Magna y la estadounidense Rippelwood- y representantes del Gobierno de EEUU, así como de la matriz General Motors (GM), con el Gobierno alemán.

El Gobierno de Angela Merkel deberá elegir mañana al nuevo principal inversor para Opel, un momento "difícil" pero clave, a juicio del sindicalista español, para que la compañía comience a operar con normalidad en Europa, donde tiene nueve plantas en Alemania, Bélgica, Gran Bretaña, Polonia, Suecia y España, con unos 53.000 empleados.

En esta reunión las empresas interesadas en Opel afinarán más y "esperamos que el Gobierno (alemán) se pueda decidir por uno u otro", ya que "a partir de ahí se abrirá un proceso de discusión de un mes para que terminen de afinar ese proyecto", según Arceiz.

A partir de aquí, el Gobierno alemán ya podría poner los 1.800 millones de euros que permitirán "capitalizar la sociedad y seguir operando con normalidad en Opel Europa", aunque "el proceso va a durar entre cuatro y seis meses", ha reconocido el representante sindical.

Ante esta situación, el Gobierno de Aragón ha pedido "prudencia" y "tranquilidad" porque va a "haber noticias sobre Opel" todo el verano hasta octubre, ha vaticinado el consejero de Economía y Hacienda, Alberto Larraz.

El presidente aragonés, Marcelino Iglesias, ha asegurado que los gobiernos central y autonómico están dispuestos a hacer un esfuerzo en función de los compromisos que adquiera GM con el mantenimiento de los puestos de trabajo en Figueruelas.

Tras reiterar su compromiso con la planta zaragozana, para la que el Ejecutivo aragonés ya aprobó un aval de 200 millones, Iglesias ha señalado que mantiene reuniones y conversaciones sobre esta crisis con el presidente José Luis Rodríguez Zapatero, la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega y el ministro de Industria, Miguel Sebastián.

Determinar cómo se consigue la liquidez necesaria, cómo se crea la sociedad fiduciaria que se responsabilizará de la compañía, quien participará, qué planes de reestructuración pretende y cómo afectaría a la planta de Figueruelas son interrogantes, según el consejero Larraz, que tardarán todo el verano en resolverse.

Larraz ha querido dejar claro que los 1.800 millones de euros pedidos al Gobierno alemán y a los "laender" para garantizar una solución fiduciaria para General Motors (GM) Europa servirán para obtener liquidez para "todas" las plantas europeas y no sólo para las alemanas.

A su juicio, lo importante ahora es conocer hasta qué punto se va a reestructurar GM-Europa, en la que todas las plantas tendrán "algún peaje que pagar para adecuar su oferta a la demanda", aunque se intentará que en la de Figueruelas sea "el menor posible".

La planta de Figueruelas es "muy eficiente" y genera mucho dinero cuando trabaja "a niveles importantes" (más de 400.000 vehículos anuales), y está pendiente del inicio de la fabricación del nuevo modelo del Meriva, en abril de 2010 y, posiblemente, el nuevo Corsa en 2013, ha recordado el consejero.

Mañana, en Bruselas, el ministro de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián, se reunirá con sus homólogos de Economía o Industria de la UE para analizar la crisis de Opel y sus posibles soluciones.

En Aragón, todas las fuerzas políticas han pedido la defensa de la planta de Figueruelas, el complejo industrial más importante de la comunidad, y la implicación del Gobierno central al máximo nivel, ya que "este proceso se está librando entre estados", ha resumido el diputado autonómico del PAR Javier Allué.