Bilbao.- Los sindicatos nacionalistas convocantes de la huelga general del próximo jueves han recurrido la orden dictada ayer por el Gobierno vasco, que fija los servicios mínimos para esta movilización, porque es "la más regresiva de cuantas se han dictado hasta ahora".
La orden fija como servicios mínimos que el día de la huelga trabajen en los hospitales las mismas personas que un domingo; en el transporte, el 30 por ciento de lo habitual en un día laborable; y en la educación, un docente por cada cuatro aulas.
En una comparecencia conjunta ante los medios de comunicación celebrada esta tarde en la sede del sindicato ELA en Bilbao, los sindicatos convocantes han considerado que la orden es una vulneración "inaceptable" del derecho a la huelga.
La secretaria general adjunta de ELA, Amaia Muñoa, ha lamentado que el Ejecutivo vasco "acompañe la llamada al dialogo social de esta orden de servicios mínimos" y, en este sentido, ha añadido que la intención de Gobierno es ir "en contra de los trabajadores y del derecho a la huelga".
Asimismo, ha cuestionado si la orden es "resultado" de la reunión mantenida ayer entre el Ejecutivo y la patronal vasca Confebask o "iniciativa propia del Gobierno".
Los convocantes han criticado que el departamento de Trabajo haya establecido como servicios mínimos en el transporte el 30 por ciento de lo habitual en un día laborable, "cuando hasta el momento se contemplaba el 20 por ciento", según han indicado.
Asimismo, han calificado de "incomprensible" la incorporación de los centros de día a la regulación, y que el sector de la Ayuda a Domicilio contemple "la posibilidad de un servicio superior al de los festivos".
Respecto al sector educativo, han rechazado que en las escuelas infantiles haurreskolak se garantice la apertura "argumentando la conciliación de la vida laboral y familiar", cuando hay padres que "no pueden acceder a lo largo de todo el año a ese derecho por la falta de plazas existentes" en estos centros.
Además, han asegurado que es "inaceptable y escandaloso" y "un pisoteo del derecho a la huelga" de los profesionales de la Educación que la orden preserve la apertura de los centros públicos y privados no universitarios.
Para Amaia Muñoa, el objetivo de la Ooden es hacer "un boicot" a la huelga, cuando, según ha dicho, la Administración "debería, no sólo aceptar, sino garantizar" este derecho.
Los sindicatos convocantes del paro han esperado que el Gobierno responda "con urgencia, y no después de la huelga" al recurso que han presentado contra el decreto.
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