Sevilla.- El Consejo de Gobierno ha autorizado hoy la firma de un convenio de colaboración entre la Junta de Andalucía y las comunidades autónomas de Cataluña, Comunidad Valenciana, Aragón, Islas Baleares y Castilla y León para mejorar la protección de las víctimas de violencia machista.
La consejera de Obras Publicas y Urbanismo de la Junta de Andalucía, Rosa Aguilar, junto al consejero de la Presidencia, Antonio Avila Cano, y el portavoz del Gobierno andaluz, Manuel Perez Yruela, momentos antes de la rueda de prensa que ofrecieron tras el Consejo de Gobierno celebrado esta mañana en Sevilla.
El acuerdo permitirá el uso conjunto de las casas de acogida de mujeres maltratadas, centros de emergencia o pisos tutelados, que redundará en una mejor protección de la víctima, ya que ésta podrá alejarse de manera inmediata del maltratador y rehacer su vida fuera de su entorno geográfico.
Cada gobierno, de acuerdo a su normativa interna, tramitará el ingreso basándose en los principios de celeridad, seguridad y confidencialidad, y lo comunicará a través de medios telemáticos a la comunidad de origen.
En los casos de extrema gravedad o peligro inminente para la víctima, éstos deberán resolverse en un plazo máximo de 24 horas.
En cuanto a los costes, la comunidad de origen sufragará los derivados de la estancia, mientras que la de destino se hará cargo de todos desplazamientos.
Andalucía dispone de 34 de centros de acogida para mujeres maltratadas y menores a su cargo que las acompañen.
En 2008, fueron atendidos en Andalucía 2.500 mujeres y niños, lo que supone un 56 por ciento más que en 2007.
Por otra parte, el Consejo de Gobierno, ha autorizado la firma de otro convenio de colaboración con estas mismas comunidades para el reconocimiento recíproco de licencias cinegéticas.
De esta forma, se libera a los cazadores y pescadores de la obligación de obtener una autorización distinta y de repetir los mismos trámites y gestiones administrativas en cada una de las comunidades autónomas donde pretendan desarrollar estas actividades.
La firma de este convenio se realiza sin menoscabo de las competencias exclusivas de cada una de estas comunidades autónomas, por lo que el ejercicio de la caza y la pesca se regirá en cada territorio por su normativa propia.
Así, cada región aplicará sus disposiciones en materia sancionadora respecto a las infracciones que se cometan en su territorio y, de la misma forma, la duración de la licencia será la prevista en la normativa de la administración que la hubiera otorgado, aunque, en todo caso, tendrá una duración máxima de diez años.
En Andalucía existen en torno a 270.000 licencias de caza y más de 18.000 permisos de residentes en otras comunidades autónomas, lo que representa el 28 por ciento del aprovechamiento económico de los ecosistemas forestales andaluces.
En cuanto a la pesca, la comunidad andaluza tiene alrededor de 30.000 licencias y 5.000 permisos de residentes en otras autonomías.
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