Valparaíso (Chile).- El Gobierno de Chile reconoció hoy que será el Estado el que finalmente asuma la deuda del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), conseguida para financiar mejoras en el sistema de transporte público de Santiago.
Al término de la sesión, la oposición derechista descartó la posibilidad de presentar una acusación constitucional contra el ministro de Transportes. EFE/Archivo
El ministro de Transportes, René Cortázar, afirmó al ser interpelado en la Cámara de Diputados, que será el Estado el que finalmente se responsabilice de la deuda de 400 millones de dólares facilitados por la entidad financiera internacional.
Cortázar, en el marco de esta facultad fiscalizadora de la cámara baja, fue interrogado por el opositor diputado de la Unión Demócrata Independiente (UDI) Patricio Melero, quien insistió por establecer si el préstamo otorgado por el BID se hizo entre privados como lo sostiene el Gobierno o público, desde el momento que el ejecutivo lo suscribió con aval de la estatal Corporación de Fomento (CORFO).
El debate se extendió por dos horas, tiempo en el cual el legislador repetidamente pidió aclarar este tema, teniendo en cuenta que fue el propio Cortázar quien viajó a Washington para gestionar el crédito e incluso tomó decisiones "saltándose el Congreso".
Frente a ello, el ministro de Transportes resaltó que son el Congreso y el Ejecutivo los llamados a resolver el problema, a través de un proyecto de ley.
"Si tenemos un crédito que se contrató como si fuera un préstamo a un ente privado y luego hay un fallo del Tribunal Constitucional que asigna responsabilidad directa al Estado, lo que corresponde es que este resuelva la situación a través de una ley que diga que el Estado va a asumir el pago de ese crédito", recalcó.
"Es natural, es lo que hacen los países serios", enfatizó.
Cortázar también resaltó que en el Ejecutivo se actuó "estrictamente bajo los procedimientos fijados por la ley, y así lo estableció el único órgano que tiene control previo a la legalidad, que es la Contraloría".
Al término de la sesión, la oposición derechista descartó la posibilidad de presentar una acusación constitucional contra el ministro de Transportes.
Los dineros del BID se solicitaron para poder financiar el Transantiago, sistema que en el 2007 sustituyó de manera parcial a la antigua red de autobuses que servía a la ciudad de poco más de seis millones de habitantes, pero que ha tenido que afrontar innumerables dificultades en su operación.
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