Cartagena (Colombia).- Pese a la reinserción de paramilitares y el debilitamiento de las guerrillas colombianas, el surgimiento de nuevas bandas de ex desmovilizados dedicadas al narcotráfico amenazan "con una situación de alta criminalidad" a las fronteras de este país con Ecuador, Panamá y Venezuela.
El presidente de Guatemala, Álvaro Colom, arriva a la ciudad de Cartagena (Colombia) para participar en el Primer Congreso Internacional de Desarme, Desmovilización y Reinserción, y reunirse con su homólogo colombiano, Álvaro Uribe.
Esta fue una de las conclusiones que expuso hoy el presidente de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación de Colombia (CNRR) y anfitrión del Primer Congreso Internacional de Desarme, Desmovilización y Reintegración, Eduardo Pizarro.
A su juicio, el conflicto colombiano se encuentra en "una fase terminal" gracias a la desmovilización y los golpes contra las FARC y el ELN, pero advirtió de que las bandas de paramilitares dedicadas al narcotráfico se extenderán a varias zonas del país, en especial hacia las fronteras.
Estas bandas "van a acompañar a los colombianos los próximos años", matizó Pizarro, al aclarar que "la violencia está saliendo del centro del país y se está desplazando para las fronteras en Nariño (frontera con Ecuador), Urabá (con Panamá), Norte de Santander y algunas zonas de La Guajira (con Venezuela), donde hay campos de narcotráfico, laboratorios y comercialización".
El organizador del foro, que se celebra en Cartagena de Indias, agregó que el "ocho por ciento de todos los desmovilizados han vuelto a delinquir, sea en delincuencia individual o en delincuencia organizada".
"Esto nos plantea evidentemente la necesidad de reforzar la integración exitosa de los ex combatientes", matizó.
En la segunda sesión del congreso, que será clausurado mañana por los presidentes de Guatemala, Álvaro Colom, y de Colombia, Álvaro Uribe, se analizaron los retos de la seguridad en un contexto de desmovilización de combatientes y evitar el retorno a la armas de los reinsertados, con el caso colombiano como protagonista.
Pizarro afirmó que la Ley de Justicia y Paz, que desde 2003 permitió la desmovilización de 31.000 paramilitares en Colombia, empezó el día que se extraditaron a los jefes de esos escuadrones a Estados Unidos, el 13 de mayo de 2008.
"Esto le restó capacidad de intimidación a estas personas y dio más confianza a los mandos medios para confesar verdades", admitió.
Pizarro aprovechó su intervención para anunciar que en un mes se comenzará a reparar a 12.000 víctimas del conflicto.
Además, "el próximo año vamos a reparar 15.000 víctimas con recursos adicionales del Estado", de un universo de 220.000 que se atenderán en los próximos 10 años, agregó.
Por su parte, el viceministro colombiano de Defensa, Sergio Jaramillo, reconoció que el Gobierno ha sido lento en la implementación de una estrategia de prevención de reclutamiento.
"Tenemos que partir de una primera realidad y es que no hemos logrado en Colombia que el narcotráfico desaparezca como quisiéramos y mientras siga existiendo habrá grupos que crearán estructuras para darle una protección criminal a ese negocio", advirtió.
Jaramillo confesó que hay una gran preocupación con la reintegración de los mandos medios dentro de las estructuras paramilitares y apostó por un programa de reinserción "especial".
"Una cosa es desmovilizar a una persona de 19 años que estuvo tres o cuatro años en el grupo y otra a una persona de 40 años que paso buena parte de su vida en esa organización", subrayó.
Jaramillo precisó que en las bases de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) se siguen desmovilizando alrededor de unos mil combatientes al año, una cifra que consideró "estable".
Para el viceministro de Defensa, la principal razón que lleva a estas personas a salir de las organizaciones rebeldes es "que quieren cambiar sus vidas", porque entienden que su proyecto "fracasó".
Unos 600 expertos de 25 países comparten experiencias de reinserción en este Congreso Internacional, que hoy dedicó buena parte de la jornada a analizar el caso colombiano, el más grave conflicto armado que sigue latente en América Latina.
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