Burgos.- El Gobierno y las comunidades autónomas alcanzaron hoy un acuerdo que permitirá aprovechar en España "hasta el último céntimo" de las ayudas agrarias europeas, lo que evitará que se pierdan cerca de 144 millones de euros anuales.
La ministra de Medio Ambiente, Rural y Marino, Elena Espinosa (c), posa en la foto de familia de con los consejeros de las diferentes comunidades autónomas que han participado hoy, en Burgos, en la reunión de la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural y de los Consejos Consultivos de Política Agrícola y de Política Pesquera para Asuntos Comunitarios.
El acuerdo se logró durante la reunión en Burgos de la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural, presidida por la ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Elena Espinosa.
En rueda de prensa, la ministra explicó que "todos los años se gastaba por debajo del presupuesto" asignado por la Unión Europea (UE) a través de la Política Agrícola Común (PAC).
Los fondos no utilizados "se quedaban en la caja" de la UE, pero a partir de ahora "ese dinero que no se gastaba se podrá aprovechar para otros fines complementarios" en el sector agrario, subrayó.
En concreto, estos fines son "facilitar la orientación al mercado de las explotaciones y sectores" agrícolas y ganaderos, y el "mantenimiento de la actividad en zonas con menores ventajas naturales o con problemas medioambientales".
Asimismo, se tendrá en cuenta a "los tipos de agricultura económicamente vulnerables y a las explotaciones en riesgo de abandono", añadió Espinosa.
El acuerdo se enmarca en el denominado chequeó médico de la PAC, es decir, en "la última revisión de la aplicación de determinadas ayudas" agrarias, que ha sido uno de los principales asuntos abordados en la sectorial.
"Vamos a ser uno de los primeros países en llegar al acuerdo", que además "va a dar seguridad el sector" en el cobro de estas ayudas, indicó.
Por su parte, la consejera de Agricultura de Castilla y León, Silvia Clemente, como anfitriona de la reunión y en representación de las comunidades, valoró el acuerdo, que para esta región supondrá cerca de 69 millones de euros anuales.
Según la consejera, permitirá aplicar fondos que "hasta ahora no podíamos utilizar" en sectores en crisis, como el vacuno de leche o el ovino.
Por otra parte, Elena Espinosa informó en la rueda de prensa de que España pedirá a la Unión Europea (UE) y a Naciones Unidas "reforzar todas las medidas" para evitar la piratería en el Índico.
Esta iniciativa fue uno de los asuntos abordados en los consejos consultivos enmarcados en la reunión de la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural
De acuerdo con la ministra, en el próximo Consejo de Ministros de la UE en que se aborde la situación en el Océano Índico el Gobierno español "insistirá en reforzar" la protección a los barcos ante los actos de piratería.
En su opinión, la zona "está sometida desde hace un año a una situación muy delicada, con continuos actos de piratas" procedentes principalmente de Somalia, que atacan a barcos como los pesqueros que transitan por aquellas aguas.
Esto conlleva "un grave perjuicio" para la actividad económica que representa el tráfico internacional de mercancías, como la pesca, que tiene que atravesar esa zona, precisó.
Otra de las materias tratadas fue la posición de España de respaldar la intención de la UE de prohibir la captura de varios tipos de tiburón, como el zorro y el martillo, que están amenazados ambos en todo el mundo.
España es el país europeo con mayor volumen de pesca del tiburón, pero no para consumo interno, sino principalmente para el mercado asiático, pero "está totalmente de acuerdo" con la prohibición, dijo la ministra.
Incluso "somos más ambiciosos" y el Gobierno español pedirá que se amplíe la prohibición a más tipos de tiburón, "para preservar una riqueza que puede desaparecer a corto plazo", sostuvo.
De la revisión de la Política Común Pesquera europea, afirmó que "se está iniciando el debate", con el objetivo de tomar "posiblemente" una decisión en el primer semestre de 2010, durante la presidencia española de la UE.
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