Washington.- EEUU afirmó hoy que "es un asunto interno" de España si se admite o no a trámite la querella presentada contra seis ex altos cargos del Gobierno de George W. Bush, considerados los "responsables jurídicos" de Guantánamo.
El presidente Obama dijo que en el caso de Guantánamo hay que mirar "hacia adelante y no hacia atrás" y recordar que sigue habiendo "amenazas serias ahí fuera". EFE/Archivo
El portavoz en funciones del Departamento de Estado, Robert Wood, no quiso valorar la postura de la Fiscalía española, anunciada hoy, de que es contraria a que se admita a trámite la querella.
"Esto es realmente un asunto interno. Y que yo sepa los españoles aún no han tomado una decisión sobre si siguen adelante" con el trámite o no, señaló Wood en su rueda de prensa diaria.
Horas antes, el presidente de EEUU, Barack Obama, dijo al respecto en declaraciones a la cadena de televisión CNN, que en el caso de Guantánamo hay que mirar "hacia adelante y no hacia atrás" y recordar que sigue habiendo "amenazas serias ahí fuera".
Obama explicó que no ha tenido "conversaciones directas" sobre el asunto con el Gobierno español, pero insistió en que su equipo "está trabajando" en el asunto para analizar la situación y asegurar que la respuesta estadounidense "está en línea" con los valores y tradiciones del país.
"Mi sensación es que resolveremos esto", afirmó.
El juez Baltasar Garzón pidió a finales de marzo a la Fiscalía que se pronunciara sobre la admisión a trámite de la denuncia presentada por varios letrados españoles.
El fiscal general del Estado español, Cándido Conde-Pumpido, explicó hoy que la Fiscalía se opondrá a la admisión a trámite de la querella presentada en la Audiencia Nacional, ya que, en su opinión, con ella se intenta "un artificio".
La querella presentada por varios letrados de la Asociación Pro Dignidad de los Presos y Presas de España implica a seis ex altos cargos de la anterior Administración estadounidenses, entre ellos el ex Secretario de Justicia Alberto Gonzales.
Los otros citados en la denuncia son David Addington, William J. Haynes, Douglas Feith, Jay S.Bybee y John Yoo.
La querella les considera autores por cooperación necesaria de los delitos de tortura y tratos inhumanos, perseguibles en España de acuerdo con el principio de jurisdicción universal.
Según la querella, los denunciados "participaron activa y decisivamente en la elaboración, aprobación y puesta en funcionamiento de un cuerpo de derecho positivo o andamiaje jurídico" que permitió privar de derechos a los prisioneros, poner en práctica técnicas de interrogatorio que incluían la tortura y dar cobertura legal a esa situación.
Los denunciados estarían detrás de los consejos legales en los que el Gobierno estadounidense se amparó para adoptar la decisión de proceder a la utilización de técnicas de interrogatorio más duras, desestimando la aplicación de la Convención de Ginebra.
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