La Fiscalía de la Audiencia Nacional, contraria a "una causa general" contra la existencia de Guantánamo

MADRID.-  La Fiscalía de la Audiencia Nacional se mostró hoy en contra de admitir a trámite la querella interpuesta contra seis miembros de la administración del ex presidente norteamericano George W. Bush, a los que se acusa de la comisión de delitos de tortura y de privación del derecho a un juicio imparcial por su participación "activa y decisiva" en la elaboración, aprobación y puesta en funcionamiento de un andamiaje jurídico que permitió el modelo de prisión de Guantánamo.

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EP (EUROPA PRESS)

La Fiscalía de la Audiencia Nacional se mostró hoy en contra de admitir a trámite la querella interpuesta contra seis miembros de la administración del ex presidente norteamericano George W. Bush, a los que se acusa de la comisión de delitos de tortura y de privación del derecho a un juicio imparcial por su participación "activa y decisiva" en la elaboración, aprobación y puesta en funcionamiento de un andamiaje jurídico que permitió el modelo de prisión de Guantánamo.

En un escrito presentado hoy ante el juez Baltasar Garzón, el fiscal jefe Javier Zaragoza considera que no es posible iniciar "una causa general" contra la existencia de la cárcel y explica que, en todo caso, la demanda hubiera debido presentarse en contra de un autor directo de torturas que hubiera participado en un caso documentado.

Recuerda, además, que la Audiencia Nacional no es competente para instruir la causa ya que la Justicia española es "subsidiaria" en esta investigación y debe ser la norteamericana la que investigue las posibles irregularidades cometidas en Guantánamo. Por ello la querella debería haberse presentado en primer lugar en Estados Unidos.

Por otra parte, el Ministerio Público considera que los seis querellados, todos ellos abogados y juristas, no son culpables directos de la comisión de torturas. Añade que en todo caso, el magistrado responsable de la investigación sobre estos hechos debería ser el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2, Ismael Moreno, que instruye la causa sobre los vuelos ilegales de la CIA a esta prisión.

La querella fue presentada a finales de marzo por la Asociación Dignidad de los Presos y Presas de España que considera que estas seis personas son responsables de privar de derechos fundamentales a los prisioneros, estructurar técnicas de interrogatorio que abarcan la tortura y "establecer la más absoluta impunidad para todos los funcionarios, militares, médicos y demás personal que han participado en lo sucedido en el Centro de Detención de Guantánamo".

La asociación acusa en concreto del consejero general del vicepresidente Dick Cheney, David Addington; el asistente del fiscal general Jay S. Bybee; el subsecretario de Defensa para Asuntos Legales, Douglas Feith, el consejero general de la Oficina del secretariado de Defensa William J. Haynes; el segundo asistente del fiscal general John Yoo y el consejero de Bush Alberto R. Gonzáles.

Según la denuncia, los hechos se remontan a los ataques contra las Torres Gemelas el 11 de septiembre de 2001 que provocaron "que el anterior Gobierno norteamericano diera inicio a lo que en esa administración se entendió como una guerra sin pausa contra el terrorismo".

La querella aclara que el citado andamiaje jurídico permite que los prisioneros sean dejados en Guantánamo ya que "ese lugar no es territorio norteamericano y por ello queda fuera de la Jurisdicción de los Tribunales Federales de los Estados Unidos". Los primeros traslados de presos tuvieron lugar a partir del 2002.

"Su visión de la realidad les llevaba a razonar que las personas trasladadas a Guantánamo lo fueron para proteger a los ciudadanos norteamericanos y a sus aliados de aquellos que estaban tratando de asesinarles y que los americanos estaban siendo asesinados en una escala sin precedentes que implicaba un estado de guerra y por ellos, se necesitaban 'otras opciones' incluidas las de 'interrogatorios más agresivos'.

Según los datos de los querellantes, en el campo de prisioneros habrían estado recluidos y sometidos a diversos tipos de torturas, cinco ciudadanos españoles o con residencia en España y al menos 528 de otras nacionalidades.