Cartagena.- El portavoz municipal, Joaquín Segado, ha dado hoy por "zanjada", en el pleno extraordinario sobre los proyectos del Fondo Estatal, la polémica sobre la adjudicación de cuatro de las actuaciones al hijo del exconcejal de Vía Pública Enrique Pérez Abellán.
Segado defendió la legalidad del proceso mientras que los grupos de oposición insistieron en pedir responsabilidades al resto de miembros del gobierno de la alcaldesa Pilar Barreiro, del PP.
La sesión se desarrolló durante media hora con dos intervenciones por parte de cada grupo y sin votación de propuestas de resolución.
Comenzó con una defensa del portavoz del gobierno de toda la tramitación de proyectos del Fondo Estatal, "hecha conforme al decreto del gobierno central, a la ley de contratos del sector público y al reglamento de contrataciones entre administraciones públicas".
Joaquín Segado señaló que la redacción de proyectos se hizo "al cincuenta por ciento entre el ayuntamiento y empresas externas debido a la premura del proceso" y que la adjudicación de las 63 actuaciones se asignó a 44 empresas diferentes.
Segado ofreció datos sobre el número de reuniones de la mesa de contratación municipal entre el 30 y el 31 de marzo y salió al paso de las acusaciones de los grupos de oposición sobre la adjudicación de cuatro contratos al hijo del exconcejal de Vía Pública Enrique Pérez Abellán, asegurando que con su destitución, "el asunto está zanjado".
Los portavoces de los grupos de oposición, solicitantes del pleno extraordinario, coincidieron en pedir responsabilidades por esta adjudicación a otros miembros del gobierno municipal, entre ellos el vicealcalde Agustín Guillén que coordinó el proceso de adjudicación, el concejal de Hacienda, José Cabezos, o la propia alcaldesa Pilar Barreiro.
El portavoz de Movimiento Ciudadano por Cartagena, Luis Carlos García Conesa, declaró en el pleno, tras calificar de "inmoralidad" la actuación de Pérez Abellán por recomendar a su hijo Enrique Pérez Blaya, que "la responsabilidad va más allá, ya que las obras las adjudicó la junta de gobierno y el equipo de gobierno es responsable por entero".
García Conesa reiteró sin éxito al gobierno municipal su petición de crear una comisión de investigación, "única vía para analizar lo sucedido y ofrecer transparencia al proceso".
La portavoz del principal grupo de oposición, Caridad Rives, cuestionó por su parte "la nula participación ciudadana" en la elección de los proyectos financiados con dinero del Fondo Estatal y calificó de "lamentable espectáculo de tráfico de influencias y desgobierno" la asignación de contratos a Pérez Blaya "que va a cobrar por sus proyectos más de 51 mil euros".
Rives acusó también al vicealcalde y a los ediles de Hacienda e Infraestructuras de ser responsables de las adjudicaciones y puso en duda que la alcaldesa no tuviera conocimiento de los hechos.
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