Madrid.- El Ejecutivo central critica que la ley de cajas promovida por la Comunidad de Madrid permitiría a los municipios de la región hacerse con el 95 por ciento de los representantes en la Asamblea de Caja Madrid que corresponden al sector de corporaciones municipales.
En los ejemplos incluidos en el recurso de inconstitucionalidad presentado hoy contra la ley regional por la Abogacía del Estado, el Gobierno se queja de que con los cambios promovidos el resto de comunidades autónomas donde opera Caja Madrid contarían tan sólo con el 5 por ciento de los representantes de dicho sector, lo que demuestra, a su juicio, la ruptura de la proporcionalidad en los órganos de la entidad.
Actualmente, la Asamblea General de Caja Madrid cuenta con 100 representantes de ayuntamientos de un total de 320 miembros, mientras que con la nueva ley, en vigor desde enero de este año, se reducirían a 80, de los que 76 corresponderían a corporaciones municipales de la Comunidad de Madrid.
De esos 76, con la normativa regional el Ayuntamiento de la capital perdería peso y reduciría su representación de 70 miembros actuales a cerca de 30.
El Ejecutivo admite que el peso de las corporaciones locales se reduzca hasta 80 miembros pero critica que, en virtud de un sistema de "proporcionalidad estricta" sobre los depósitos captados en cada comunidad, los ayuntamientos de la Comunidad de Madrid sólo supondrían el 68,75 por ciento del total y no el 95 por ciento.
Por su parte, en la otra circunscripción, en la que estarían presentes las corporaciones municipales del resto de comunidades autónomas donde Caja Madrid tiene oficinas, le corresponderían 25 representantes, es decir el 31,25 por ciento restante y no el 5 por ciento que establece la nueva normativa regional.
Como ejemplo, en el recurso se recoge que el Ayuntamiento de Barcelona tendría menos representantes que las corporaciones de Getafe, Leganés, Alcobendas, Alcalá de Henares, Majadahonda, Alcorcón, Móstoles y Fuenlabrada, a pesar de captar más depósitos que todos estos municipios.
Además, critica que con la normativa se quedarían sin representantes 15 ayuntamientos entre ellos el de Zaragoza, Valladolid, Toledo, Málaga, Bilbao, Palma de Mallorca y Alicante.
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