MADRID.- La asamblea general de Caja Madrid aprobó este lunes sus estatutos, adaptados a la nueva Ley de Cajas autonómica, con 255 votos a favor, 43 en contra y 8 en blanco, lo que supone una mayoría superior a los dos tercios requeridos.
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La convocatoria ha contado con la asistencia de 306 consejeros generales, un 95,6% de los 320 que conforman el órgano de gobierno de la entidad, en representación de los cinco sectores: impositores, empleados, Asamblea de Madrid, ayuntamientos y entidades representativas.
Con la aprobación de sus nuevos estatutos y reglamento electoral, la entidad da un paso más en el proceso de renovación de sus órganos de Gobierno y culmina un proceso que ha supuesto tres modificaciones legales y un recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno, ya levantado gracias a las modificaciones incorporadas en la Ley y ahora en los estatutos.
La nueva normativa aclara, en el desarrollo del reglamento electoral, que el reparto de consejeros generales por corporaciones municipales e impositores se realizará en proporción a la cifra de depósitos en cada comunidad autónoma y ayuntamiento, sin ponderaciones ni topes máximos, por lo que elimina los recelos suscitados en el Ayuntamiento de Madrid. Por otra parte, con el voto de hoy se define la aplicación de la ley adaptada al proceso electoral actual, por no estar concluido plenamente.
El nuevo texto modifica el reparto de los consejeros correspondientes a la entidad fundadora, de modo que en el caso de que ésta no ejerza su derecho a designar los 64 consejeros generales, se repartirá sólo entre los sectores de entidades representativas, empleados y asamblea.
Asimismo, se ha modificado el método de reparto de consejeros por corporaciones municipales e impositores para que se realice por comunidades autónomas y ciudades con estatuto de autonomía, eligiéndose en tantas circunscripciones como éstas, en proporción a la cifra de depósitos captados por la Caja en cada una de ellas, sin ponderaciones de ningún tipo.
La reforma afecta también a la composición del sector de entidades representativas, de modo que quedarán compuestas por 62 consejeros generales compuestas por las organizaciones empresariales y sindicales del CES (un 26%), universidades públicas y privadas (5%), Cámara de Comercio (13%), y el resto como las actuales, aunque serán elegidas por la Consejería de Economía y Hacienda, sin intervención de la Asamblea General.
En cuanto a la elección del presidente ejecutivo y la determinación de sus facultades, su modificación o revocación exigirán, a partir de ahora, el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros del Consejo.
REACCIONES
El consejero de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid, Antonio Beteta, mostró su satisfacción tras la aprobación de los Estatutos en la asamblea general de la caja, "a la espera de que la comisión de control se constituya en comisión electoral a la mayor brevedad posible para el inicio del proceso electoral, de cara a su culminación el próximo otoño", señalaron a Europa Press fuentes regionales.
Por su parte, el portavoz de Comisiones Obreras, Jaime Cedrún, subrayó que sus consejeros decidieron votar a favor porque en este momento "lo que hay que hacer es terminar con los conflictos y dotar de estabilidad" a la entidad, en un escenario en el que ya existe un Decreto de reestructuración del sistema bancario, como consecuencia de que la crisis está empezando a afectar a algunas cajas.
No obstante, durante la reunión mostró una posición muy crítica con la Ley y anunció futuros "recursos legales" respecto a los elementos que siguen sin adaptarse, a su juicio, a la ley estatal.
Así, criticó el reparto previsto para los consejeros cedidos por la entidad fundadora (la Casa Real), la discrecionalidad para elegir por parte del consejero de Economía, Antonio Beteta, las entidades representativas --"porque se supera el 50 por ciento del peso del poder público que establece la LORCA"--, y el modo en el que se eligen a los consejeros en cada sector y no en toda la asamblea.
Por su parte, el secretario de Economía del PSM, Antonio Miguel Carmona, explicó que desde su partido se ha recomendado aprobar estos estatutos porque son la "adaptación de la Ley aprobada en la Asamblea de Madrid" y ello pese a que siguen encontrando en la Ley diversos elementos criticables.
Así, explicó que como partido el PSM asume esta posición porque "hay que adaptar los estatutos por responsabilidad política". No obstante, insistió en que siguen estando "en contra de algunos preceptos de la nueva ley que generan inestabilidad en Caja Madrid".
"Esperamos que de este ejercicio de responsabilidad que se hace desde el PSOE tomen buena nota aquellos del PP que defienden sus intereses personales y sectoriales en la entidad", manifestó Carmona, que subrayó que el PSM "quiere demostrar su responsabilidad en defensa de la estabilidad corporativa", frente a la irresponsabilidad mostrada desde el Gobierno regional.
No obstante, en declaraciones a Europa Press, el responsable socialista destacó que diferente será la situación cuando la asamblea de Caja Madrid tenga que votar el incremento de miembros en la Comisión Ejecutiva para dar cabida al acuerdo entre PP e IU sobre el gobierno de la caja. "Cualquier pacto que excluya a la mitad de los madrileños es un acuerdo que va no sólo contra de esos madrileños, sino contra un de las principales instituciones financieras de España. Esto no es un cortijo de Esperanza Aguirre, es la caja de todos los madrileños", advirtió.
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