El PSOE e IU piden una comisión de investigación y que el Ayuntamiento se persone en la causa

Murcia.-  Los grupos de la oposición en el ayuntamiento de Murcia, Psoe e IU, pidieron hoy la creación de una comisión municipal que investigue las actuaciones del ex jefe de Planeamiento de la Gerencia de Urbanismo, Joaquín Peñalver, y que el consistorio se persone en las actuaciones judiciales.

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(EFE)

El alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara. EFE/Archivo

La portavoz del PSOE, María José Alarcón, y la de IU+LV, Esther Herguedas, argumentaron la petición, que plasmarán en el próximo pleno municipal "dada la gravedad" de los hechos conocidos hasta el momento por el denominado caso "Barraca", que según las dos concejalas "afecta" al Ayuntamiento de Murcia en detrimento de los intereses generales de los murcianos.

Tanto Alarcón como Herguedas criticaron el silencio mantenido por el alcalde Miguel Ángel Cámara y el responsable de Urbanismo, Fernando Berberena, desde que hace tres días se conoció parte del sumario contra Peñalver.

Para la edil socialista, el objetivo de la personación del Ayuntamiento en la causa sería el de "salvaguardar la transparencia de la institución municipal y defender los intereses de los murcianos que hayan podido ser vulnerados".

Alarcón opinó que la comisión de investigación debería estar formada por representantes de los tres grupos municipales, de la Gerencia de Urbanismo y del propio Consistorio, para revisar "uno a uno los expedientes que tramitó durante siete años Peñalver como responsable del Planeamiento y pieza clave del urbanismo en Murcia".

María José Alarcón calificó de "inconcebible" que Cámara y Berberena "no den explicaciones y no asuman sus responsabilidades políticas", al tiempo que recordó que la jefatura de Planeamiento es "un cargo de confianza designado directamente por el alcalde de Murcia".

También la portavoz de IU, Esther Herguedas, pidió que la comisión abarque todas las actuaciones en las que intervino Peñalver al considerarlo "la única salida airosa que les queda a Cámara y a Berberena si quieren salvar algo de su dignidad".

En caso contrario, se puede hablar del refrán "quien calla otorga" y ese silencio, agregó, "respondería a que (Cámara) compartía las actuaciones de Peñalver y es responsable político. Daría la razón a quien trabajó en beneficio de sus intereses particulares, de los de sus amigos y en contra de los generales de todos los murcianos".

Cámara debería ser el primero en pedir explicaciones, dijo la portavoz de IU, quien recordó que desde enero de 2001 a marzo de 2006, Joaquín Peñalver controló la mayor parte de las actuaciones urbanísticas del municipio de Murcia, algunas de las cuales fueron denunciadas ante los tribunales por la formación de izquierdas.

Herguedas calificó de "absolutamente insostenible e injustificable" el silencio de los máximos responsables del PP del ayuntamiento así el comunicado del concejal Francisco Porto, en el que "intentan diferenciar las actividades privadas de Peñalver de su actividad en la Gerencia".

Recordó que a Peñalver no se le investiga por regentar un "próspero despacho en el que se resolvían la mayor parte de los asuntos urbanísticos municipales, sino por su condición de funcionario público en un puesto de los de mayor confianza del Ayuntamiento, en el que parece que se aprovechó para obtener un beneficio personal".

Para Esther Herguedas, la actitud de "echar balones fuera" solo tiene dos interpretaciones, "la del que no sabía nada y ahora se ve sorprendido ante las graves imputaciones, o la de que, conociendo la realidad de los hechos, los acepta porque también conviene a sus intereses. Aunque parece poco justificable la ignorancia y la negación de una evidencia que todos conocían".

Recordó también que la etapa de Peñalver como jefe de Planeamiento ha sido la de mayor desarrollo del "urbanismo salvaje y de los grandes planes urbanísticos" entre los que citó los de Nueva Condomina, Joven Futura, las cocheras de Latbus, o las "macro urbanizaciones" con campos del campo de golf en el término municipal.

También citó la adaptación del PGOU a la Ley Regional del Suelo (y viceversa), la aprobación definitiva de éste, así como las modificaciones puntuales realizadas al Plan General, "en las que como parecen acreditar los procesos judiciales no se siempre actuó en defensa de los intereses públicos ni respetando la legalidad".