Sanz dice que la cúpula militar planteó no dar los cuerpos sin identificar a los familiares

Madrid.-  El general Félix Sanz Roldán, jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD) un año después de la tragedia del Yak, ha revelado hoy que la cúpula militar propuso al Ministerio de Defensa, antes del funeral de Estado, no entregar los cuerpos de los militares no identificados a sus familias hasta completarlas.

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(EFE)

El general Vicente Navarro (i), a su llegada hoy a la Audiencia Nacional, donde el ex jefe del Estado Mayor de la Defensa Félix Sanz Roldán declaró como testigo en la tercera sesión del juicio por la identificación errónea de 30 de los 62 cadáveres de los militares españoles muertos en el accidente del Yak -42.

Sanz Roldán ha sido el primer testigo en comparecer en la tercera sesión del juicio en la Audiencia Nacional contra tres altos mandos militares que supuestamente identificaron erróneamente 30 de los 62 militares muertos el 26 de mayo de 2003 en Trebisonda (Turquía).

El general Sanz, entonces subdirector en el Ministerio de Defensa, ha revelado que el entonces jefe de Estado Mayor del Ejército (JEME), Luis Alejandre, le dijo el 29 de mayo de 2004 que los mandos militares propusieron al Ministerio de Defensa entregar a los militares identificados a las familias y a los demás, primero identificarlos y después entregarlos a las familias.

En este sentido Sanz Roldan ha recordado que al tercer día como JEMAD, el ministro de Defensa, José Bono le pidió que visitara al JEME, Luis Alejandre, y lo hizo el 29 de junio de 2004.

En ese encuentro, según ha relatado Sanz Roldán, Alejandre le comentó que en una reunión celebrada el día antes del funeral de Estado (28 de mayo de 2003), en un despacho anexo al del entonces ministro Federico Trillo había recibido la noticia de que no todos los cuerpos estaban identificados al llegar a España.

Entonces, Alejandre y el resto de los mandos militares propusieron entregar a los fallecidos identificados a las familias y a los demás primero identificarlos y después entregarlos a las familias, un planteamiento que finalmente no prosperó.

Durante su declaración como testigo, el general Sanz Roldán ha indicado que en la fecha del accidente no tenía responsabilidades relacionadas con estos asuntos.

Sin embargo, ha agregado que cuando ocupó el puesto de JEMAD hizo cuantas averiguaciones pudo para aclarar el problema, a iniciativa propia y a instancias del entonces ministro José Bono.

El general Sanz, quien ocupó el cargo de JEMAD de 2004 a 2008, ha dicho que investigó las identificaciones un año después por iniciativa personal y decidió atender a todas las familias afectadas.

A preguntas del fiscal, ha negado que las operaciones de identificación se precipitaron por algún motivo y ha asegurado que no le consta si se notificó al Ministerio las identificaciones erróneas al llegar de Turquía.

Sobre seguros de los militares fallecidos, Sanz Roldán ha señalado que una de las primeras cosas que descubrió es que no se había suscrito o en algunos casos se había perdido en la cadena de contrataciones.

Por su parte, el ex cónsul de España en Turquía, Raimundo Ezquerro, que ha testificado en segundo lugar ante la Audiencia, ha dicho que "entendí que estaba completada la identificación de los 62 militares cuando se los llevaron a Madrid".

En este sentido, ha indicado que no tuvo en ningún momento conocimiento de que 30 de los cadáveres fueron repatriados sin identificar.

El ex cónsul ha reconocido que firmó en el registro consular una lista de fallecidos pero no extendió el certificado de defunción.

En ese momento "parece que no había dudas razonables sobre la identificación de los fallecidos", ha asegurado Ezquerro.

A preguntas del teniente fiscal, Fernando Burgos, el ex cónsul ha indicado que "sabia que los cuerpos tienen que ser identificados para ser repatriados y me entero días después por los periódicos de que no todos habían sido identificados" cuando salieron hacia Madrid.

Por otra parte, ha declarado que el intérprete del consulado que trabajó esos días de la tragedia para las autoridades españolas era "bueno para conversaciones corrientes, pero no para textos jurídicos".