Madrid.- La Asociación de familiares de víctimas del Yak-42 recurrirá hoy la sentencia de la Audiencia Nacional que ha condenado a tres años de cárcel al general Vicente Navarro y a 18 meses al comandante José Ramírez y al capitán Miguel Sáez por falsear la identificación de 30 de los 62 militares fallecidos.
El magistrado Javier Gómez Bermúdez, presidente del tribunal que ha juzgado la identificación errónea de los cadáveres de los militares fallecidos en 2003 en el accidente del avión Yak-42 en Trebisonda (Turquía), a su llegada a la Audiencia Nacional. EFE/Archivo
Según ha informado el abogado de la asociación, Leopoldo Gay, hoy -cuando se cumple el sexto aniversario del accidente que se produjo el 26 de mayo de 2003 en Trebisonda (Turquía)- anunciará a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional el recurso contra la sentencia dictada por la Sala Primera ante el Tribunal Supremo.
Gay ha señalado que el recurso se presenta por disconformidad con el propio fondo de la resolución y por cuestiones de forma, como la denegación de pruebas solicitadas (el tribunal no admitió el testimonio en la vista del ex presidente del Gobierno José María Aznar y los ex ministros de Defensa Federico Trillo y José Bono).
Ha indicado, no obstante, que lo anuncian "por prudencia" porque hoy vence el plazo de presentación y al ser una asociación, cuyos miembros están repartidos por toda España, deben debatir en una asamblea -para la que aún no hay fijada una fecha- en qué términos se recurre la sentencia conocida el pasado 19 de mayo.
Por su parte, el abogado Leopoldo Torres, que representa a otros familiares de las víctimas, ha anunciado que no van a recurrir la sentencia.
El tribunal, presidido por el magistrado Javier Gómez Bermúdez, ha condenado a Navarro a 3 años de cárcel por falsear de forma consciente la identificación de 30 de los 62 cadáveres y a Ramírez y Sáez, como responsables, al igual que Navarro, de un delito de falsedad en documento oficial cometido por funcionarios públicos, pero en calidad de cómplices.
Además de a los tres años de cárcel, la Audiencia Nacional ha condenado a Navarro al pago de una indemnización de 10.000 euros por cada uno de los treinta militares erróneamente identificados como responsable civil, responsabilidad que de no poder cumplir deberá ser asumida por los otros dos acusados y si no por el Ministerio de Defensa.
El teniente fiscal de la Audiencia Nacional Fernando Burgos, que ha ejercido la acusación en esta causa y que pedía cinco años de cárcel para Navarro y cuatro años y seis meses para los otros dos acusados, no ha recurrido la sentencia al considerar que ha satisfecho sus tesis con respecto a la existencia de que hubo intención delictiva en las identificaciones erróneas.
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