Maite Etxaniz dice que los 22 menores acogidos en Deba suman 286 causas judiciales

San Sebastián.-  La diputada de Política Social de Guipúzcoa, Maite Etxaniz, ha revelado hoy que los 22 menores acogidos en el centro de Deba, abierto en febrero para tratar a los más conflictivos, suman 286 causas judiciales abiertas, por lo que ha justificado el programa específico implantado para atender a estos chavales.

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La diputada ha cifrado en un 10% el porcentaje de menores inmigrantes acogidos en esta provincia que presentan conductas gravemente conflictivas y ha defendido su tratamiento específico, a través de un nuevo programa, en el centro de Deba porque "la sociedad también se tiene que proteger" y porque se trata de chavales que interfieren negativamente en el proceso educativo y de inserción de otros menores, la mayoría, que sí cumplen con sus deberes.

Etxaniz ha comparecido hoy a petición propia y también por iniciativa de Ezker Batua y Aralar ante la comisión de Política Social de las Juntas Generales de Guipúzcoa, donde ha explicado la situación de la red de acogida de menores de esta provincia, después de que en las últimas semanas se hayan sucedido las detenciones de menores inmigrantes por robos, amenazas y agresiones.

Además, un grupo de estos chavales presentó una denuncia ante la Fiscalía de Menores por el trato recibido en el centro de Deba.

La diputada ha defendido concentrar en un único centro, el de Deba, a los menores que presentan conductas "muy graves", con problemas de convivencia en los recursos ordinarios por sus "agresiones, amenazas permanentes, desafío, fugas constantes, ausencias prolongadas, conductas delictivas, baja tolerancia a la frustración y problemas de control de impulsos, entre otros".

Tras admitir que "existe un grave problema" con este "grupo minoritario de menores extranjeros", ha insistido en que deben ser tratados bajo un programa específico de "fuerte contención y normativo".

Este centro, que se encuentra en un entorno "rural y aislado", se puso en marcha el pasado 16 de febrero y "desde el mismo momento de su apertura se han producido fuertes conflictos y crisis, así como varios abandonos", según Etxaniz, quien ha relatado que los menores "se han enfrentado fuertemente al equipo educativo y a otros menores", han originado altercados "y ha sido necesario emplear la contención".

"Estamos profundamente comprometidos con el respeto de los derechos de los acogidos, pero siempre desde el mismo compromiso con los deberes", ha sostenido la diputada, quien ha añadido que "el discurso que reivindica los derechos para los menores pero se olvida de los deberes no conduce sino a cercenar las posibilidades de inserción de este colectivo".

Etxaniz ha destacado que el 82,2% de los 221 menores extranjeros acogidos en la red de protección de Guipúzcoa está escolarizado y que el 63,8% "no se ha visto nunca involucrado en ningún incidente".

La diputada ha reclamado un cambio en la legislación vigente para hacer frente a la "masiva y continua llegada" de menores, así como el establecimiento de cupos por territorios en toda España y que se haga efectiva la ejecución de la medida de reagrupamiento familiar en sus países de origen.

A su juicio, el paulatino incremento de recursos para atender a estos chavales que se ha registrado en Euskadi en los últimos años ha traído como consecuencia que se llegue "a identificar al País Vasco y a Guipúzcoa como lugar de destino de este colectivo", lo que causa un "efecto llamada".

Por último, ha criticado a la ONG SOS Racismo por "apoyar a los menores en sus enfrentamientos con el equipo educativo" y por "hablar siempre de derechos pero nunca de deberes", lo que constituye a su juicio "un claro error".

La juntera de Aralar Rebeka Ubera ha censurado que el nuevo programa del centro de Deba no incluya un itinerario educativo, que sí existe en cambio en otros recursos para menores conflictivos como el centro de internamiento de Zumarraga.

En su opinión, los problemas ocurridos en las últimas semanas muestran que "el modelo ha fracasado", aunque sus bases sean adecuadas, porque "no existe un seguimiento estrecho" sobre cada uno de los menores.

Por su parte, la procuradora de EB Arantza González ha reprochado a la diputada su falta de "autocrítica" y se ha preguntado si la Diputación se ha puesto en contacto con los menores que interpusieron la denuncia por el trato recibido en Deba, ya que "tienen derecho a ser escuchados", al tiempo que ha cuestionado el objetivo de los cambios legales que reclama Etxaniz.

Además de PNV y EA, los partidos que sustentan al Gobierno foral, también las representantes del PSE/EE, Susana García Chueca, y del PP, Asunción Guerra, han expresado su apoyo a la labor de la Diputación en esta materia, y han recordado que la puesta en marcha del programa específico para los conflictivos fue una cuestión acordada por el grupo de trabajo de las Juntas Generales que estudia esta materia.