La Junta andaluza responde que impidió construir en suelo no urbanizable en Alcaucín

Málaga.-  La Junta de Andalucía ha afirmado hoy que impidió el desarrollo urbanístico de parcelas en suelo no urbanizable de Alcaucín (Málaga) sobre las que había una denuncia y que llegó a pedir hasta tres veces al Ayuntamiento de esta localidad que ejerciera sus competencias en Disciplina Urbanística.

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(EFE)

El alcalde de Alcaucín, José Manuel Martín (c), una de las once personas detenidas en la operación "Arcos" contra la corrupción urbanística en el municipio. EFE/Archivo

El Gobierno andaluz ha respondido así a la denuncia del PP de construcción en no urbanizable en la población, después de que esta formación anunciara ayer que entregará a la juez del caso "Arcos" sobre corrupción urbanística en Alcaucín una documentación al creer que hubo una presunta negligencia de responsables de la Junta y que el PSOE regional y provincial y la Diputación sabían lo que sucedía.

El Ejecutivo autonómico precisa que "en ningún momento se inician obras de construcción de viviendas" en la referida parcela "ni mucho menos de los 350 apartamentos que menciona el Partido Popular en su denuncia", de la que indica que no se archivó, al tiempo que cree que esta formación "confunde dos expedientes distintos".

En este sentido, explica que se "habla de estos 350 apartamentos, pero asegura que la Junta ha archivado esta denuncia en base a un informe del arquitecto de la Diputación detenido en el marco de la operación policial realizada en el municipio" y encarcelado junto al hasta entonces alcalde socialista de Alcaucín José Manuel Martín.

La Junta ha enumerado en un comunicado su actuación a través de la Dirección General de Inspección de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio a partir de recibir, a finales de septiembre de 2006, denuncia de un particular sobre la posibilidad de la intención de construir viviendas en suelo no urbanizable, ampliada en otro escrito un mes después.

La delegación provincial de la Junta ordenó el 14 de noviembre de ese año abrir diligencias previas para investigar el hecho denunciado a la vez que envió escrito al Ayuntamiento pidiendo información, al que une otro escrito de 29 de noviembre para que remita documentación sobre el caso.

Recibe contestación del consistorio el 11 de diciembre dando cuenta de que no se prevén obras en ese suelo y que el movimiento de tierra que se producía se debía a obras de ampliación de la carretera de acceso a la localidad, respuesta que hace dejar el expediente en suspenso en espera de nueva información.

En agosto de 2007 el denunciante alerta de nuevos indicios de la intención de hacer viviendas al instalarse banderolas y una caseta de venta, ante lo que la Dirección General retoma el expediente y envía el 4 de octubre nuevo requerimiento al Ayuntamiento y la Policía Local donde insta a investigar los nuevos hechos y a que se ejerzan las "potestades de disciplina urbanística necesarias".

La Junta recibió en noviembre un escrito de El Defensor del Pueblo donde informa de la denuncia del particular e insta a la Consejería a investigar el hecho, lo que hacía desde un año antes.

El Gobierno andaluz vuelve a requerir el 18 de marzo al Ayuntamiento, por segunda vez, ejercer sus potestades contra la caseta de venta, banderolas, estructura de cartel informativo y grúa desmontada además de reclamarle que remita las licencias otorgadas para el movimiento de tierras y construcción de un muro de contención al objeto de ampliar la carretera de acceso al municipio.

La inspección comprobó el 16 de mayo la existencia de elementos que "hacen deducir la construcción de viviendas", el 12 de junio se vuelve a enviar escrito al Ayuntamiento, ya por tercera vez, para que ejerza competencias y los retiren.

El Ayuntamiento ordenó el 23 de junio retirar las casetas de venta, soporte de banderolas, estructura de cartel y grúas por ser "indiciarias de un uso diferente al propio suelo no urbanizable".

El Ejecutivo ve "relevancia" al traslado al fiscal de las actuaciones sobre este caso como el requerimiento de la Dirección General de Inspección al Ayuntamiento para revisar de oficio las licencias de movimiento de tierras y de muro de contención.