El PP lleva al juez documentos por presunta negligencia de la Junta con Alcaucín

Málaga.-  El PP ha anunciado hoy que entregará a la jueza del caso "Arcos" contra la corrupción urbanística en Alcaucín (Málaga) diversa documentación recibida al creer que hubo una presunta negligencia de responsables de la Junta de Andalucía y que el PSOE regional y provincial y la Diputación sabían lo que sucedía.

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(EFE)

El secretario general del PP-A, Antonio Sanz, durante una rueda de prensa. EFE/Archivo

Por su parte, el Defensor del Pueblo, al que recurrió un denunciante, vio indicios claros de ilegalidad en uno de los casos urbanísticos y dijo -según los populares- a la Junta el pasado 20 de febrero que "con la eliminación de unos carteles informativos no se restaura el terreno ni la legalidad", en referencia a unos bloques de 350 apartamentos en construcción sobre terreno rústico.

El secretario general del PP-A, Antonio Sanz, ha informado hoy en conferencia de prensa de que el Defensor "reconoció la ilegalidad urbanística" e instó al Ejecutivo andaluz a ir al fiscal, lo que, según él, "la Junta no hizo" cuando el dirigente cree que tenía que haber acudido a los tribunales desde 2006.

Los populares dicen recibir un goteo de informaciones, principalmente de militantes del PSOE, algunas en visitas personales al partido y otras con carácter anónimo, y consideran que "se demuestra que el PSOE, Diputación y la Junta conocían todo lo que sucedía en Alcaucín al menos desde 2006 y miraron a otro lado".

Sanz precisa que la información disponible -que no ha facilitado a los periodistas- "pone en evidencia la actitud presuntamente negligente y una clara responsabilidad más allá de lo político de responsables del PSOE, la Diputación y la Junta" y que "demuestra la inacción de responsables socialistas poniendo de manifiesto la complicidad con el caso de presunta corrupción de Alcaucín".

Ha recordado al vicepresidente primero de la Junta, Gaspar Zarrías, cuando habló de tolerancia cero del PSOE en la corrupción, frente a lo que el dirigente popular sostiene que ha existido "tolerancia total por el PSOE con los casos de presunta corrupción", al igual que -a su juicio- por parte de Junta y Diputación.

Insiste en que "se demuestra la clara dejación de funciones de la Junta ante reiteradas denuncias", al tiempo que indica que "la consejería se limitó a actuaciones formales prácticamente vacías de contenido".

La primera denuncia fue en junio 2006 sobre cuatro parcelas en suelo urbano donde una empresa construía un bloque de 45 pisos pese a que el plan parcial sólo permitía cuatro viviendas unifamiliares con lo que había exceso de edificabilidad y se copaba todo el suelo.

La misma empresa inició la construcción de 350 apartamentos en terreno rústico y colocó anuncios y una oficina de ventas en lo que el PP califica como "claro delito contra la ordenación del territorio".

Tras una denuncia de junio de 2006, la Junta instó al Ayuntamiento dos veces a ejercer competencias y en mayo de 2008 envió inspectores que emitieron un informe donde consta que se puede estar cometiendo delito contra la ordenación del territorio, a lo que el consistorio responde -según los populares- que "conocía el delito, cooperó con él" y era una zona rústica donde la única licencia era de movimiento de tierras y para hacer un muro.

El Ayuntamiento -cuyo ex alcalde socialista José Manuel Martín está preso por este caso Arcos- dijo que se quitaría la publicidad y la oficina de ventas y con ello, según el PP, la Junta archivó la denuncia "y entiende restituida la legalidad".

Antonio Sanz comenta que el presidente del Comité de Ética del PSOE-A, Francisco Dodero, recibió una denuncia sobre Alcaucín en abril de 2007 y respondió al denunciante que ese órgano es "para defender el honor de los militantes", en vez de "para analizar comportamientos", y "amenaza" advirtiendo al comunicante de que si se sigue por ahí, "se atengan a las consecuencias".

El PP afirma que la cúpula de la anterior ejecutiva provincial del PSOE de Málaga conocía los hechos al llegarles las denuncias y señala a los entonces presidente y secretaria general, Juan Paniagua y Marisa Bustinduy, actualmente parlamentarios autonómicos; Francisco Fernández y Luis Reina, aunque dice que "nadie hizo nada".