Dos mil periodistas despedidos

2.096 periodistas más despedidos desde que la crisis comenzó a arreciar. Más de cinco mil periodistas en paro en España, alrededor de un 16% del total de los profesionales empleados o que buscan trabajo. La crisis de los medios amenaza a los profesionales y la Federación de Asociaciones de la Prensa de España (FAPE) crea una plataforma en defensa de la calidad y los puestos de trabajo. Las asociaciones de periodistas demandan ayudas al Gobierno y la aprobación del retrasado Estatuto del Periodista Profesional.

(EFE)

El Grupo Zeta fue el primero en anunciar un ERE.

Las asociaciones de la prensa reunidas este fin de semana firman la Declaración de Sevilla, un documento en defensa de los periodistas y de la "supervivencia de unos medios de información rigurosos, independientes y profesionales". Censuran las regulaciones de empleo porque amenazan la calidad y exigen ayudas al Estado y se unen así a las peticiones de los editores.

La soga en el propio cuello. La FAPE ya no sólo defiende ahora un Estatuto del Periodista que entrega el control del oficio a los políticos a través de los consejos de la información estatal y autonómicos elegidos por los parlamentos y los sindicatos, sino que defiende también un Estatuto del Editor para levantar más barreras al derecho a la información de los ciudadanos y a la libre iniciativa para la comunicación de información.

Una vez más se demanda protección para los periodistas con el riesgo de conculcar los derechos de los ciudadanos y el propio artículo 20 de la Constitución, que garantiza el derecho "a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción" con los únicos límites de las leyes civiles y penales siempre bajo resolución judicial.

Pero algunos periodistas se creen una casta con derecho a hacer lo que los demás no pueden, un privilegio —profesional o legal— no reconocido por ninguna ley ni jurisprudencia. Y para ese fin se entrega al control de los políticos, el legal y el económico. Además esas reivindicaciones surgen después de años en los que uno de los principales males del periodismo es el asalto y control político de los medios, tanto de los públicos como de los privados a través de la publicidad institucional, las adjudicaciones de licencias de radio y televisión y las subvenciones de las autonomías, unas encubiertas y otras manifiestas, aunque siempre faltas de transparencia.

Muchos periodistas, agobiados por años de deterioro profesional y laboral, siguen sin darse cuenta de que sus males nacen de los problemas del periodismo acentuados por su sometimiento al poder político y a los intereses de quienes consideran la información una mercadería para otros fines diferentes a los de informar.

La Declaración de Sevilla vuelve a denunciar también el intrusismo de quienes aparecen en los medios, sobre todo en televisión y radio, como periodistas en tertulias y todo tipo de programas. Una práctica confusa pero difícil de atajar porque cualquiera tiene derecho a difundir información u opiniones a través de la comunicación pública mientras no transgreda las leyes.

Y todas estas reflexiones cuando el cambio real es la ampliación del espacio y la comunicación en los últimos años con la multiplicación de medios (impresos, audiovisuales y digitales) los progresos tecnológicos y la capacidad de los ciudadanos de comunicar, informarse y compartir contenidos sin necesitar la intermediación de los medios gracias a internet y las herramientas digitales.

Más de dos mil periodistas están ya en paro en España, una tasa de desempleo de alrededor del 16%, similar a la del resto de la población. Pero en los últimos diez años el empleo ha crecido de forma sostenida hasta 2006, cuando se alcanzaron los 54.608 empleos en los medios, de los cuales 18.510 eran redaccionales (un 33,9%), según datos del Informe Anual de la Profesión Periodística. En 2007 el empleo total bajó a 53.256 puestos, con un aumento en las redacciones hasta los 18.763 periodistas, un 35,2% del empleo total en los medios.

Pero además los destructores de empleo han sido principalmente los medios públicos hasta el estallido de la crisis del año pasado. En el año 2000 19.365 personas trabajaban en los medios públicos, un 37,4% del total. En 2007 descendieron a 18.840 frente a 34.416 en los medios privados, un 35,3% del total.

¿Pocos medios o demasiados periodistas?

El problema laboral del periodismo no es el asalto de los ciudadanos ni la falta de medios. Lo que más ha crecido es la cifra de estudiantes de periodismo con la multiplicación de facultades. Las universidades han puesto mucho empeño en la creación de facultades de Comunicación y Periodismo. Son atractivas para el alumnado, baratas porque no necesitan grandes inversiones en infraestructura y abunda el profesorado, que no precisa de una difícil y larga formación como en otras carreras más demandas por el mercado de trabajo.

La fascinación social por los medios y su exposición e influencia ha casi doblado las matriculaciones en poco tiempo: de 29.895 matriculados en el curso 1995-96 en Ciencias de la Información a 48.330 en el curso 2007-08, con Periodismo como especialidad elegida por la mayoría , un 38%, además de otro 27% en Audiovisual. Y eso a pesar de una insatisfacción constante en la calidad de la enseñanza.

Pero lo que no ha crecido tanto en estos años ha sido el índice de demanda de empleo, de un 0,5 (el 1 sería igual a ofertas por licenciados) frente a más de un 3 en las ingenierías, un 2,3 en arquitectos técnicos o un 1,8 en medicina.

Los problemas del periodismo están fundamentalmente en la propia profesión y en su consolidación como un cuarto poder bastante dependiente de los otros tres, especialmente del político y económico. La explosión mediática de los últimos diez años, con más televisión privada y más pública, más cabeceras de periódicos y revistas, los diarios gratuitos, internet, más emisoras de radio, etc. ha conducido a una fuerte competencia en un mercado con más lectores, oyentes y televidentes que nunca.

El resultado es una nueva distribución de la audiencia, la publicidad y los ingresos. Y un cambio estructural en la profesión y el mercado del periodismo. El peligro para la democracia denunciado por la FAPE no es la desaparición de algunos medios ni el necesario cambio y reinvención de otros. Tampoco una reconversión profesional para la que se ha perdido demasiado tiempo precisamente por la situación de dominio de algunos medios y empresas sobre ciertos mercados, la intervención de los poderes públicos y la falta de innovación y apuestas emprendedoras.

Por eso blindar la profesión, llamar al poder político al rescate y pedir dinero para empresas obsoletas o ineficientes no es el futuro. Aunque sí hay que llamar a la responsabilidad a los editores que aún no pierden dinero, sino que sólo reducen sus beneficios después de disfrutar de una década de buenos resultados. Es el momento de apostar e invertir en los medios, no de aprovechar la crisis general para despidos encubiertos y un sostenimiento de la rentabilidad a fuerza de reducir costes.

Ese futuro está en redimensionar el mercado profesional del periodismo de acuerdo a sus posibilidades y demanda real; afrontar los cambios en el oficio, la información y la industria con coraje, y construir nuevos medios y empresas que deben ser capaces de vivir por sí mismas, sin depender de las ayudas públicas y en un entorno de mayor capacidad y libertad como el que disfrutan ahora muchos ciudadanos gracias al mundo digital.

Los problemas principales son la disminución de la importancia del papel social y político de los medios; la sobreabundancia y redundancia en la era de la saturación informativa y la consecuente pérdida de valor de los productos periodísticos y el precio que anunciantes y público están dispuestos a pagar por la información; el inmovilismo, la falta de innovación, I+D y riesgo, acentuados por la burocratización del periodismo, y la aprobación del periodismo por intereses ajenos a sus principales valores democráticos y sociales.

Nada de eso lo solucionarán las ayudas del Gobierno, sólo pueden hacerlo los profesionales, periodistas y editores, con ideas, innovadores y capaces de gestionar el periodismo en un entorno de mayor libertad y competencia, imprescindibles y beneficiosas para el oficio y la democracia.