LUA inicia su trámite tras el rechazo a las enmiendas de devolución de PP y CHA

Zaragoza.-  El proyecto de Ley de Urbanismo de Aragón inicia desde hoy su tramitación parlamentaria tras el rechazo a las enmiendas de devolución presentadas ante el Pleno por PP y CHA, que consideran que la norma ataca a la autonomía municipal y nace obsoleta al no tener en cuenta la coyuntura económica.

En la defensa en la Ley ha intervenido el consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, Alfonso Vicente, quien ha hecho un repaso sucinto a las principales novedades que pretende introducir la normativa, especialmente la creación de la figura de proyectos de interés general, lo que permitirá al Ejecutivo actuar en todo el territorio para y diseñar desarrollos urbanísticos dirigidos fundamentalmente a la vivienda protegida.

Vicente ha destacado que no caben en la nueva ley los planes y proyectos de interés general de iniciativa privada que sí admitió la Ley Urbanística de 1999, aunque sí prevé la posibilidad de que la iniciativa pública se active de oficio o a instancia de parte.

Uno de los objetivos fundamentales del Proyecto de Ley es integrar los intereses de los ciudadanos, las empresas y la propiedad del suelo con el necesario protagonismo de la acción pública y la primacía de los intereses generales, ha destacado Vicente.

Sin embargo, el portavoz del PP, Eloy Suárez, ha considerado el proyecto de Ley de inadecuado, innecesario, inaplicable, farragoso, reglamentista, extiende su desconfianza hacia todo lo privado y lo público "lo invade todo de forma obsesiva".

Además, a su juicio supone "un ataque en toda regla" a la autonomía municipal y convierte al presidente de Aragón, Marcelino Iglesias, "en el alcalde de Aragón".

Por su parte, el diputado de CHA Bizén Fuster ha asegurado que el proyecto "nace desfasado" al ignorar "por completo" la actual coyuntura económica y tratar de resolver los problemas de la "burbuja inmobiliaria", que hoy ya no son el peligro más importante, y del precio "desmesurado" del precio del suelo de la vivienda, cuando ahora el proceso es inverso.

Para Fuster, es reglamentista y genera una grave inseguridad jurídica para todos los agentes relacionados con el urbanismo, y además vulnera "claramente" el principio de autonomía local, en todo lo relativo a los planes de interés general de Aragón, que dejan de ser algo excepcional para convertirse en sustituto de las figuras de planeamiento de suelo, salvo el urbano.

El diputado socialista Ricardo Berdié ha reconocido que la coyuntura económica ha cambiado, pero ha hecho hincapié en que una ley urbanística "nunca deber ser coyuntural", sino el marco que regule las tendencias que se dan en el urbanismo, y las que se producen cuando no hay dirección pública, ha recalcado, son el "todo vale" con el que en su opinión PP y CHA pretenden recuperar.

No se puede impulsar una ley adecuada sólo a la situación económica actual, "porque por suerte, aunque dura, es coyuntural", y cuando se recupere la economía habrá una ley urbanística para evitar que surjan nuevas burbujas inmobiliarias, ha dicho Berdié, quien también a subrayado que es "completamente falso" que se recorte la autonomía local.

Miguel Ferrer, del PAR, se ha preguntado donde queda la inseguridad jurídica si como dicen PP y CHA todo está regulado, al tiempo que ha coincidido con Berdié en que las demandas y necesidades son cambiantes pero la ley no puede ser "circunstancial".

Adolfo Barrena, de IU, ha rechazado las enmiendas de devolución al considerar que es necesario acabar con la falta de "modelo", que hace que primen los pactos con las promotoras por encima del interés general, aunque ha hecho hincapié en que el Gobierno se ha quedado "corto" en la búsqueda de un urbanismo más transparente, sostenible y progresista y en esos aspectos es en los que tratará que la norma avance a través de las 133 enmiendas que ha presentado al texto.

En ese sentido, ha opinado que la Ley sigue apostando por el modelo conocido y no por la ciudad compacta, que el agente urbanizador puede ser interesante pero es "peligroso" tal y como está redactado, y que el Gobierno no ha sido "lo suficientemente atrevido" para potenciar más un cambio en la tendencia e incidir en la planificación de vivienda desde lo público apostando "nítidamente" por el alquiler.