Aído apuesta por una ley del aborto "a la europea y que solucione problemas"

MADRID.-  La ministra de Igualdad, Bibiana Aído, presentó hoy en el Consejo de Ministros el informe del Comité de Expertos en relación a la futura Ley del Aborto, que propone que las interrupciones puedan ejercerse libremente en las 14 primeras semanas de embarazo o el "parto inducido" por encima de las 22 semanas de gestación. Al finalizar el Consejo, la ministra aseguró que la norma "protegerá al no nacido desde el momento en el que ya no requiera de su madre para sobrevivir" y señaló que pretende "garantizar la seguridad jurídica de las mujeres y de los profesionales". El PP criticó que el Comité de Expertos no ha sido "plural" y dijo lo que Aído "quería oír". Asimismo, tachó la situación de "fracaso" e instó a informar a las menores sobre educación sexual y otros temas en vez de ir "en la dirección contraria".

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EP (OTR/PRESS)

La ministra de Igualdad, Bibiana Aído, presentó hoy en el Consejo de Ministros el informe del Comité de Expertos en relación a la futura Ley del Aborto, que propone que las interrupciones puedan ejercerse libremente en las 14 primeras semanas de embarazo o el "parto inducido" por encima de las 22 semanas de gestación. Al finalizar el Consejo, la ministra aseguró que la norma "protegerá al no nacido desde el momento en el que ya no requiera de su madre para sobrevivir" y señaló que pretende "garantizar la seguridad jurídica de las mujeres y de los profesionales". El PP criticó que el Comité de Expertos no ha sido "plural" y dijo lo que Aído "quería oír". Asimismo, tachó la situación de "fracaso" e instó a informar a las menores sobre educación sexual y otros temas en vez de ir "en la dirección contraria".

Aído presentó ante el Consejo de Ministros, el informe que recoge la reforma de la Ley del Aborto. En rueda de prensa posterior a la reunión, la titular de Igualdad manifestó que la futura Ley del Aborto "protegerá al no nacido desde el momento en el que ya no requiera de su madre para sobrevivir", circunstancia que se produce, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), en la semana 22 de gestación, y señaló, además, que la nueva ley pretende "garantizar la seguridad jurídica de las mujeres y de los profesionales". En todo momento, la ministra reiteró que se trata de recomendaciones y afirmó que el deseo del Ejecutivo es tener "la mejor ley". No obstante, constató que con la reforma "no puede estar de acuerdo todo el mundo" al tiempo que declaró que el Gobierno "no va a seguir criterios fundamentalistas". En cualquier caso, apostó por una ley "a la europea y que solucione problemas".

La ministra indicó que el Gobierno redactará el anteproyecto de ley en base a ese informe y a las conclusiones de la subcomisión del Congreso de los Diputados que estudió la reforma de la Ley del Aborto. El texto recoge las recomendaciones de crear una ley de plazos de 14 semanas ampliable a 22, cuando exista un grave peligro para la vida o salud de la embarazada y cuando se detecten graves anomalías en el feto. El informe señala, también, que por encima de las 22 semanas, no se estaría hablando de aborto, sino de un parto inducido y que el reconocimiento de la interrupción voluntaria del embarazo debe regularse en la futura ley y no en el Código Penal. Es decir, que "en ningún caso" las mujeres que decidan interrumpir su embarazo "podrán ser castigadas con penas de prisión".

Los expertos recomiendan que se reconozca la autonomía en la decisión a las jóvenes a partir de los 16 años, sin que sea necesaria la autorización de sus padres o tutores. La ministra justificó esta postura diciendo que una joven de esa edad "puede casarse o tener hijos". Además, las conclusiones recogen que la nueva regulación de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), debe ir acompañada de una estrategia general sobre salud sexual y reproductiva con el objetivo de prevenir embarazos no deseados, que incluya el derecho a la educación sexual, el derecho a la reproducción y el acceso en condiciones de equidad a los métodos de control de la natalidad.

LAS REACCIONES ANTE EL INFORME

Las reacciones ante el contenido del informe no se hicieron esperar y, desde todos los frentes, se escucharon opiniones. En declaraciones a Onda Cero, la portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, Soraya Sáenz de Santamaría, consideró que el Comité de Expertos que ha asesorado al Gobierno sobre la futura Ley del Aborto, no ha sido "plural" y dijo lo que la ministra de Igualdad "quería oír". La portavoz denunció "muchas cosas dignas de censura", entre las que enumeró la manera en que se ha gestado el informe del Comité de Expertos, "dependientes del Ministerio de Igualdad" y "nombrados porque el PSOE y la propia ministra ya sabían quién tenía que decir lo que ella quería oír".

"Ha sido un Comité de todo menos plural, experiencia que ya tuvimos en el Congreso de los Diputados, donde también se creó una Subcomisión para hablar de este tema y donde al PP se le han vetado muchas peticiones de comparecencias y de informes, especialmente médicos que eran de mucho interés para nosotros y que no nos han dejado reclamar", añadió. Otra de sus denuncias recayó en que en temas "tan delicados" y con opiniones tan "variadas" en la sociedad española, hay que "oír a todo el mundo" y "tratar de construir consensos" como "se hizo con anterioridad". En tercer lugar, calificó de "barbaridad" algunos aspectos de lo que puede ser la futura ley del aborto en España, como la "dura imagen" que "se está dando del aborto entre las adolescentes, que lo convierte casi, casi, en un método anticonceptivo más".

En cuanto a la posibilidad de que las jóvenes de 16 años puedan decidir sobre el aborto sin el consentimiento paterno, Sáenz de Santamaría señaló que es "inadmisible" y señaló que "no es lógico que no puedan votar las menores de 16 años y puedan abortar, que no puedan hacerse una operación de apendicitis y puedan abortar". "Ya no sé la imagen que estamos trasmitiendo a la gente más joven sobre el aborto", concluyó.

Por su parte, el Comisario de Economía de la Unión Europea, Joaquín Almunia, manifestó en declaraciones a Punto Radio, que la propuesta del Ministerio de Igualdad está "desde hace tiempo" en la legislación de los países europeos. Además, añadió que en Europa no se habla de España "por este tipo de cosas".

La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, pidió que "se asegure la prestación de la interrupción voluntaria del embarazo en la red sanitaria pública y, para ello, una regulación de la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios y la existencia en los centros públicos de profesionales que practiquen IVE". En un comunicado, aclaró que el informe realiza recomendaciones "que mejorarán la prestación del IVE en España con mayor seguridad para los profesionales y las mujeres". Por su parte, la asociación Defensor del Paciente expresó su "total desacuerdo" con los términos del informe al considerar "terrible y de verdadera locura responsabilizar a una menor de una decisión que puede afectar a su salud física y mental para toda su vida".

Asimismo, la asociación Familia y Dignidad Humana, manifestó que la propuesta del comité de expertos es "inconstitucional, desampara a la mujer, niega el derecho a nacer de los discapacitados y provocará un aumento en el número de abortos". "Es difícil explicar que en pleno siglo XXI, donde la ciencia ha demostrado cómo desde la concepción ya existe un individuo concreto con su especificaciones que se desarrollan a lo largo de su existencia, pretendamos ponerle fin por medio de un supuesto derecho al aborto", concluyó uno de los integrantes de la asociación, el diputado del PP Ángel Pintado.

El que también se mostró "totalmente contrario" a que las menores de 16 años aborten sin consentimiento, es el Defensor del Menor de la comunidad de Madrid, Arturo Canalda, que manifestó su disconformidad con una Ley del Aborto de "gran trascendencia para la menor". Señaló que el aborto es un hecho de especial relevancia para la salud, "tanto física como psíquica", de la adolescente. Por ello, indicó que dicha decisión no puede "hurtarse al conocimiento y consentimiento de los padres" que, en ejercicio de la patria potestad, han de prestar "todo el apoyo" a sus hijas.