La tramitación del Estatuto de Castilla-La Mancha se retoma el miércoles

Madrid/Toledo.-  La tramitación en el Congreso de la reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha volverá a reactivarse el próximo miércoles, con la ratificación de los miembros de la Comisión Constitucional encargados de negociar las enmiendas presentadas por los grupos al texto enviado por las Cortes de Castilla-La Mancha.

La Comisión Constitucional, presidida por el socialista Alfonso Guerra, se reunirá el miércoles por la tarde, y ha incorporado en el orden del día de la sesión un punto relativo a la ratificación de la ponencia encargada de informar sobre el texto y de discutir las enmiendas ya registradas por los grupos parlamentarios.

Este es el primer paso preceptivo para que los diputados integrantes de la ponencia puedan comenzar a estudiar y negociar las modificaciones propuestas al texto que en su día fue aprobado por el parlamento castellano-manchego.

Sus labores, como es práctica habitual en la tramitación de las iniciativas legislativas, se llevarán a cabo a puerta cerrada, siguiendo un calendario que deberá ser pactado.

Pese a las siete prórrogas de los plazos de presentación de enmiendas decididas por la Mesa del Congreso, los grupos del PSOE y PP no han conseguido ponerse de acuerdo sobre los cambios al articulado del nuevo Estatuto, debido a la consideración que da al trasvase Tajo-Segura.

La política hidráulica pone en riesgo el acuerdo de los grupos mayoritarios en torno a un texto que fue el único de los tramitados hasta ahora que llegó a las Cortes Generales con el respaldo unánime del Parlamento de origen.

De hecho, desde que se presentaran las enmiendas el pasado 10 de febrero ha sido constante el cruce de acusaciones entre socialistas y populares de la comunidad proponente, que se han sumado al habitual enfrentamiento entre los Gobiernos de Castilla-La Mancha, Murcia y Comunidad Valenciana por este asunto.

El PSOE propone que el Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha incluya una reserva de 600 hectómetros cúbicos "no trasvasables" en la cuenca del Tajo y plantea que sólo en el preámbulo aparezca 2015 como la fecha en la que, para las Cortes de Castilla-La Mancha, llegaría "la extinción del trasvase".

Entre tanto, el PP ha incluido en sus enmiendas al Estatuto de Castilla-La Mancha una alusión a la fecha de 2015, pero sin mencionar el final del trasvase Tajo-Segura, y plantea que el Estado debe garantizar las necesidades de agua de Castilla-La Mancha, que cifra en 600 hectómetros cúbicos.

Ahora, una vez que la ponencia comience a discutir los pormenores de la reforma, el debate sobre la caducidad del trasvase y su ubicación en el Estatuto de Castilla-la Mancha pasará a este ámbito parlamentario.