El bloqueo del Estatuto de Castilla La Mancha puede retrasar la tramitación del extremeño

Toledo/Madrid.-  El bloqueo que sufre la tramitación en el Congreso de la reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha -atascado por las tensiones territoriales que genera la política hídrica- puede retrasar la aprobación del nuevo estatuto extremeño, registrado en la Cámara Baja esta semana.

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(EFE)

El presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda. EFE/Archivo

La disposición transitoria sexta de la Constitución establece que cuando varios proyectos de Estatuto se remitan a la Comisión Constitucional del Congreso serán dictaminados por el orden de entrada en la misma.

Esta disposición implica que hasta que la Comisión no termine sus trabajos sobre la reforma estatutaria castellanomanchega no podrá dictaminar sobre la extremeña, que llega a las Cortes Generales con el acuerdo del PP y del PSOE en la Asamblea de esa comunidad.

El proyecto de Extremadura será calificado por la Mesa del Congreso el próximo martes y, previsiblemente, tomado en consideración por el pleno el 17 de noviembre.

La cuestión es si para entonces se habrán desbloqueado las negociaciones sobre el Estatuto de Castilla-La Mancha, un proceso sin parangón en la última oleada de reformas estatutarias por las dilaciones a las que se ha visto sometido.

El nuevo Estatuto castellanomanchego -que fue el primero en llegar con el respaldo unánime del Parlamento de origen- lleva en el Congreso desde febrero de 2007 y fue tomado en consideración hace casi un año.

Fue la novena reforma estatutaria en ser remitida al Congreso tras las de la Comunidad Valenciana, Cataluña, Andalucía y Baleares -por entonces ya refrendadas en la Cámara Baja-, las de Aragón y Castilla y León, que fueron aprobadas más adelante, y las del País Vasco, rechazada, y Canarias, retirada.

Veintiún días tardó en tramitarse el nuevo Estatuto balear y quince, récord hasta la fecha, empleó el de Aragón.

Entre tanto, el Estatuto castellanomanchego no fue tomado en consideración hasta octubre del año pasado, primero por la disolución de las Cortes por la convocatoria de elecciones generales y más tarde porque se prefirió dejar pasar los congresos del PP y del PSOE.

Finalmente, el Congreso tomó en consideración el proyecto el 14 de octubre de 2008 en un tenso debate en el que dos diputados del PP por Murcia rompieron la disciplina de voto y se opusieron a la tramitación del texto.

Tras varias prórrogas en el plazo de presentación de enmiendas, se presentaron el 10 de febrero, pero, en vez de servir para agilizar el proceso, motivaron un bloqueo del que aún no ha salido.

Para resolver la situación se tendrá que encontrar una solución al problema del agua, que, desde el primer momento, ha enfrentado a Castilla-La Mancha con Murcia y Valencia en un debate en el que los territorios han pesado más que las siglas de los partidos.

La principal aspiración del Estatuto de Castilla-La Mancha era la reivindicación del final del trasvase Tajo-Segura en 2015, pero esa exigencia se transformó en una mera declaración de voluntad y se trasladó al preámbulo del texto en las enmiendas presentadas por los grupos en el Congreso.

El Gobierno castellanomanchego sustituyó esa reivindicación por la de una reserva de agua no trasvasable suficiente para garantizar las necesidades de agua de la comunidad presentes y futuras.

El presidente castellanomanchego, José María Barreda, ha emplazado sin éxito a la líder de la oposición, María Dolores de Cospedal, a una nueva reunión para tratar de encontrar una solución satisfactoria.