Montevideo.- La ONG uruguaya Grupo Medios y Sociedad (GMS) denunció hoy que el empresario mexicano-estadounidense Ángel González presuntamente estaría comprando un gran número de emisoras de radio a través de testaferros para crear "de forma ilegal" la cadena de comunicación más grande del Uruguay.
González habría incurrido en ilegalidades al no ser ciudadano uruguayo, por controlar emisoras sin haber recibido su titularidad y por sobrepasar los límites permitidos de concentración de medios en una persona. EFE/Archivo
En un comunicado difundido hoy por los medios de comunicación, GMS denunció que González, propietario de cadenas de televisión y radio en Guatemala, Paraguay, Ecuador y Argentina, entre otros, compró 10 emisoras de radio uruguayas contraviniendo la legislación local.
En ese sentido, la ONG pidió la intervención "urgente" del Estado a través de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (URSEC) por las compras realizadas por González.
"La legislación impide que sean titulares de servicios de radio y Televisión extranjeros que no sean ciudadanos uruguayos y no vivan en el país. Para evadir esta limitación, el empresario ha utilizado testaferros para formalizar la compra o ha modificado la gestión de las emisoras, sin modificar la titularidad", afirmó la ONG.
Según GMS, González compró las emisoras de radio pertenecientes al Grupo Sofía y el Grupo Sarandí, cuyas frecuencias abarcan tanto la capital como el interior del país.
Asimismo, también estaría realizando gestiones para la compra de varias radios pertenecientes al Grupo Vargas, con emisoras en Montevideo, Punta del Este y Colonia, e incluso un canal de televisión en abierto de difusión nacional.
González habría incurrido en ilegalidades al no ser ciudadano uruguayo, por controlar emisoras sin haber recibido su titularidad y por sobrepasar los límites permitidos de concentración de medios en una persona.
En la actualidad, la ley uruguaya sólo autoriza que una persona posea tres emisoras en todo el país.
En declaraciones al semanario Búsqueda, Gustavo Gómez, uno de los dirigentes de GMS, dijo que el caso de González muestra a un "empresario que fuerza la legislación vigente desarrollando prácticas que permiten que lo que se limita no sea aplicable para ellos".
Sin embargo, el presidente de la URSEC, Jaime Igorra, afirmó en declaraciones también recogidas por Búsqueda que su organización no ha detectado "ningún tipo de acción tendente a generar un oligopolio" y rechazó la presencia de testaferros que actúen en nombre de González en el país.
"Que un empresario pueda asociarse con extranjeros no es una mala acción. Una empresa puede tener detrás de sí capitales extranjeros y eso no es ningún delito", dijo Igorra.
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