Zaragoza.- El PP ha manifestado hoy que espera que no haya una "nueva confabulación" entre el Gobierno de Aragón, el catalán y el central para retrasar la devolución de los bienes de las parroquias de la diócesis de Barbastro-Monzón depositadas en Lérida con el "falso argumento de la negociación".
En un comunicado, el portavoz del PP en las Cortes de Aragón, Eloy Suárez, se ha preguntado a qué espera el presidente del Gobierno aragonés, Marcelino Iglesias, "para cumplir su promesa de actuar contundentemente ante los tribunales para que se devuelvan los bienes del Aragón Oriental".
Suárez ha subrayado que la excesiva prolongación del litigio se debe, en buena parte, "a la falta de coraje y capacidad exhibida por Iglesias a la hora de defender el patrimonio aragonés frente al nacionalismo expansionista catalán".
El portavoz del PP espera que no se trate "de una nueva promesa lanzada a bombo y platillo" por Iglesias "con el único objetivo de ganar tiempo e intentar salvar a última hora su imagen en una cuestión que se le ha ido de las manos por negligencia, dejadez y acomplejamiento ante sus correligionarios Maragall y Montilla".
Suárez ha mostrado su "extrañeza" ante la "rápida reacción" de la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, en querer negociar e intermediar con el Gobierno catalán "justo cuando Iglesias admite, como venía diciendo el PP repetidamente, que sí está legitimado y debe acudir a la Justicia para reclamar el retorno a Aragón de un patrimonio cultural protegido".
"Lo más conveniente, y lo más lógico si el anuncio de Iglesias iba en serio, es que la DGA informe a De la Vega de que lo único que debe transmitir a la Generalitat es que el tiempo de negociar se ha acabado hace mucho", de que no cabe otra resolución que "el cumplimiento inmediato de las sentencias vaticanas" y de que cualquier otra actitud es "inaceptable y contraria al ordenamiento jurídico".
Para Suárez, si la intervención de la vicepresidenta no es en ese sentido cabe sospechar que existe "otra confabulación a tres bandas" para retrasar "el único desenlace válido para este litigio: la devolución inmediata del patrimonio aragonés a su legítimo propietario".
"Iglesias, con su inacción y sumisión a los presidentes de la Generalitat, ha colaborado en la trama urdida y financiada" desde el Gobierno catalán para retener los bienes "en contra de todo Derecho", según Suárez, quien ha insistido en que si se ha dado cuenta, después de diez años, "de que le han estado tomando el pelo", lo que tiene que hacer es ejecutar los recursos judiciales y defender con contundencia los intereses de los aragoneses.
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