Zaragoza.- El conflicto de los bienes religiosos es "un tema cerrado y ya zanjado", así de claro y rotundo se ha mostrado hoy el embajador de España en la Santa Sede, Francisco Vázquez, quien ha agregado que no cabe ningún recurso y que al Vaticano le preocupa la demora en su devolución.
El presidente de Aragón, Marcelino Iglesias. EFE/Archivo
Vázquez ha afirmado en una rueda de prensa, con motivo de ser nombrado pregonero de la Semana Santa de Zaragoza, que existe una sentencia firme de la Signatura Apostólica, del Tribunal Supremo de la Iglesia, y que falló "con gran claridad" a favor de las pretensiones del Obispado oscense de Barbastro-Monzón señalando que el Obispado de Lérida estaba obligado a restituir los bienes.
Es por lo tanto "una vía agotada, terminada" y ya no cabe ningún recurso y el incumplimiento de esta sentencia incluso puede plantear una situación de "rebeldía eclesiástica" por parte del Obispado de Lérida, si no cumple el mandato de la sentencia, ha subrayado.
Según Vázquez, si en el ámbito de la Iglesia no se acata esta sentencia, evidentemente, el Obispado de Barbastro-Monzón está en su "legítimo derecho" a solicitar la cobertura de la jurisdicción civil, en virtud de la aplicación de los acuerdos entre España y la Santa Sede.
Ha recordado que dicho obispado ha planteado ayer una demanda civil en virtud de esos acuerdos para que la justicia haga cumplir esa resolución ya firme, al tiempo que ha dicho que en su opinión no hará falta esa intervención para que sean devueltos los 113 bienes eclesiásticos aragoneses depositados en el Museo Diocesano de Lérida.
"Al Vaticano, por cierto, le preocupa ya la demora, entre pasillos", ha señalado, porque es una resolución de su tribunal superior y los bienes tienen que volver a la Diócesis de Barbastro-Monzón.
Preguntado por la posibilidad de que el Gobierno catalán quisiera impedir esa devolución, Vázquez ha dicho que para ello tendría que recurrir a la justicia civil, ya que en estos momentos el Obispado de Lérida tiene una resolución firme del Vaticano que le obliga a restituirlos.
El Gobierno español no ha intervenido ni ha tenido instrucciones, ni a favor ni en contra, porque podían haber sido denunciados por interferir en una cuestión que es competencia de la Iglesia, ha informado.
Y ha recordado que es un contencioso estrictamente de ámbito eclesiástico, un conflicto entre dos diócesis por la propiedad de unos bienes que, ha dicho con claridad y rotundidad, se ha dilatado en el tiempo.
Ha insistido en que es un tema claro en su origen porque, ha explicado, hubo un momento en que se alteraron las demarcaciones jurisdiccionales de las distintas diócesis y provocaron un movimiento de bienes artísticas, y cuando vuelven a su origen, evidentemente, las piezas tienen que estar adscritos a lo que fue su propia origen.
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