Zaragoza.- El portavoz del PAR en las Cortes de Aragón, Javier Allué, ha denunciado el agravio discriminatorio que supone para Aragón el acuerdo al que han llegado la Generalitat y el Estado para el cumplimiento de la Disposición Adicional III del Estatut y que supone un aporte de 800 millones de euros para Cataluña.
El portavoz del PAR en las Cortes de Aragón, Javier Allué. EFE/Archivo
Allué ha comparecido hoy en rueda de prensa para denunciar la "discriminación" que supone que el Estado y la Generalitat hayan llegado a este acuerdo, que supone destinar 800,13 millones más en infraestructuras para Cataluña en 2009, que sumados a los 4.006 millones ya previstos en los Presupuestos Generales, eleva la cifra a 4.806 millones, lo que incluye compensar parcialmente el déficit registrado en 2007 y da respuesta a lo establecido en la Disposición Adicional III del Estatut.
El portavoz del PAR recuerda que esta "voluntad" del Gobierno central de cumplir el Estatuto catalán "no se aplica" en el caso del Estatuto de Autonomía de Aragón, que en su Disposición Adicional VI también incluye mecanismos compensatorios para completar las inversiones del Estado teniendo en cuenta variables como la extensión territorial, la dispersión, el envejecimiento o el carácter de comunidad fronteriza.
Para Allué existe una "diferencia notable" de trato en la negociación bilateral del Estado según se trate de una comunidad u otra, pero es "inaceptable", a su juicio, creer en el Estado de las Autonomías "sólo en función del territorio con el que se habla".
Por eso, ha anunciado "presión" por parte del Gobierno de Aragón, del que el PAR forma parte, para "intentar convencer" al Estado de que Aragón tiene derecho a sus "eternas y justas reivindicaciones".
Ha explicado que la Disposición Adicional VI del Estatuto de Aragón permitiría a la comunidad alcanzar una participación del 10 por ciento en las inversiones que el Estado dedica en los Presupuestos Generales a infraestructuras, al aplicar criterios correctores sobre el 3 por ciento que corresponde a Aragón en función de su población.
También ha denunciado el incumplimiento del artículo 108 del Estatuto -el antiguo 48- que prevé un acuerdo bilateral de financiación Estado-Comunidad y que en el caso de Cataluña sí que se ha cumplido.
Para Allué, "no puede volver a haber estatutos de primera y de segunda en función de la bolsa de votos que proporcione cada territorio".
El "atasco" de la tramitación en las Cortes de la proposición de ley sobre lealtad institucional impulsada por el PAR (para que cualquier medida del Gobierno central que afecte a las autonomías incluya una memoria económica y suficientes fondos) o la deuda que mantiene el Estado con Aragón por las mermas tributarias son otras de las quejas del Partido Aragonés.
Además de no haber recibido compensación por haber quedado fuera del Objetivo 1 de la Unión Europea o del Fondo de Compensación Interterritorial, a pesar de tener derecho a ello.
Javier Allué ha concluido que Aragón, con estas exigencias, no pide "más que lo que le corresponde por justicia".
Preguntado por el papel de su socio, el PSOE, en esta reclamación, ha dicho que el cumplimiento de estas peticiones no depende de los socialistas aragoneses, sino del Gobierno central, "gobierne uno u otro" partido.
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