Ignacio González defiende la "estricta legalidad" de las adjudicaciones del Canal

Madrid.-  El vicepresidente regional y presidente del Canal de Isabel II, Ignacio González, ha defendido hoy la "estricta legalidad" de las contrataciones del Canal con empresas vinculadas a Enrique Sánchez, el empresario con el que fue a Johannesburgo (Suráfrica) en uno de los viajes en que resultó presuntamente espiado.

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(EFE)

El vicepresidente regional y presidente del Canal de Isabel II, Ignacio González, durante su comparecencia esta tarde en la Asamblea de Madrid para dar explicaciones sobre dos contratos adjudicados por la compañía al empresario Enrique Sánchez.

González, que ha rehusado contestar a las preguntas de la oposición sobre su viaje privado con este contratista, ha acusado al PSOE e IU de "construir falsas tramas" y de "no interesarles absolutamente nada los contratos, para que la verdad no les estropee sus tejemanejes y su estrategia de extender un manto de sospecha".

En su comparecencia a petición propia en la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones de la Asamblea de Madrid, el vicepresidente ha negado que exista "trato de favor" y ha asegurado que las adjudicaciones de los servicios de limpieza y seguridad del Canal a Saminsa y Segurisa, en 2004 y 2001, respectivamente, se realizaron con "absoluta objetividad y transparencia".

Ha destacado que de estos dos contratos tuvieron en su día "conocimiento expreso" el PSOE e IU, y que algunos de sus representantes los han "consultado personalmente en la sede del Canal".

En su comparecencia, González ha exigido a la oposición que "acredite" que ha existido "irregularidad alguna" en estas adjudicaciones, y les ha advertido de que no va a "consentir" que viertan sobre él "acusaciones que no pueden acreditar", ni que "jueguen con la honorabilidad de las personas".

Según sus datos, la empresa de limpieza Saminsa lleva "muchos años" trabajando, no sólo con la Comunidad de Madrid, sino también con los ministerios de Presidencia, Defensa, Medio Ambiente y Administraciones Públicas, así como distintas delegaciones territoriales y diputaciones provinciales.

Asimismo, ha señalado que el ex presidente de la Comunidad Joaquin Leguina le adjudicó trece contratos; Alberto Ruiz-Gallardón, cuando era presidente regional, 237; y Esperanza Aguirre, catorce.

Respecto a la empresa Segurisa, ha destacado que fue ya adjudicataria de la seguridad del Canal de Isabel II desde finales de 2001, por acuerdo unánime del Consejo de Administración, antes de la llegada de Esperanza Aguirre al Gobierno de la Comunidad.

Ha explicado que Segurisa fue contratada en 2001 para "incrementar la seguridad a raíz de los atentados del 11-S, tras reunirse el gerente del Canal con la Delegación del Gobierno".

Posteriormente -ha continuado- los atentados del 11-M en Madrid volvieron a poner en evidencia la seguridad de las instalaciones del Canal, como lo reflejó la empresa Belt Ibérica en una auditoría, por lo que el contrato de seguridad con Segurisa y Segur Ibérica se amplió en gasto y en número de instalaciones protegidas.

Respecto al incremento de inversión en seguridad, González ha negado que se pasara de los 2,23 millones de euros en 2001 a 33,5 en 2006, como ha afirmado el diario "Público", y ha dicho que los gastos se fueron incrementado paulatinamente, al pasar de vigilar 40 instalaciones en 2001 a 391 en 2008.

La portavoces del PSOE e IU en la Comisión, Livia Castillo y Reyes Montiel, han insistido en preguntarle por su viaje a Sudáfrica con Enrique Sánchez y han criticado que, tanto en el caso de Saminsa como en el de Segurisa, la valoración de la oferta técnica decantara las adjudicaciones, por encima de la oferta económica.

"Usted está aquí porque se ha ido de viaje con el contratista y, por tanto, todo lo que haya hecho con el grupo Sagital está bajo sospecha y está en cuestión su gestión", le ha dicho Reyes Montiel al vicepresidente.

La diputada de IU ha opinado que González "lo que debería hacer es dimitir, porque igual que usted no se ha creído nunca que Bermejo y Garzón no hablaran en la cacería de la operación Gürtel, nosotros no nos creemos que no hablara de los contratos en sus viajes con este empresario", le ha espetado.

La socialista Livia Castillo ha afirmado que, aunque "no hay ninguna ley que prohíba contratar amigos", su grupo tiene "dudas razonables" sobre la "objetividad" y la "decencia" de estas adjudicaciones.

El portavoz del PP, Pedro Muñoz, ha calificado los contratos de "impecables desde el punto de vista jurídico" y ha recalcado que el de Segurisa es "uno de los mejores que ha visto en su vida".