Londres.- En el décimo aniversario de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico de Guatemala, Amnistía Internacional (AI) instó hoy al Congreso del país centroamericano a que apruebe una ley para la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas Forzada e Involuntariamente.
El ex-general Efrain Rios Montt. EFE/Archivo
Según manifestó Amnistía en un comunicado, este es "un paso fundamental para poner en práctica las recomendaciones formuladas hace diez años por la Comisión para el Esclarecimiento Histórico".
"El informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico fue un enorme hito para los derechos humanos en Guatemala", afirmó Kerrie Howard, directora adjunta del Programa para América de AI.
"Es hora de que el Gobierno imparta algo de justicia", añadió.
En opinión de esta ONG, "resulta muy decepcionante que tantas de las recomendaciones del informe continúen pendientes, y que todavía no se haya hecho justicia para las decenas de miles de casos de desaparición forzada, homicidio y tortura perpetrados durante el largo conflicto guatemalteco".
El informe de la Comisión Guatemalteca para el Esclarecimiento Histórico, elaborado en virtud de los acuerdos de paz promovidos por la ONU que pusieron fin al conflicto, se publicó el 25 de febrero de 1999.
En él se concluía que, durante el conflicto armado interno de Guatemala -entre 1960 y 1996-, unas 200.000 personas fueron víctimas de desaparición forzada o fueron asesinadas, y que se perpetraron 669 masacres, la mayoría de ellas en poblados indígenas.
La Comisión concluyó también que el ejército guatemalteco y sus aliados habían sido responsables de la inmensa mayoría de los abusos, y que algunos de esos casos habían constituido genocidio.
AI pone como ejemplo lo ocurrido el 5 de diciembre de 1982, cuando 250 hombres, mujeres, niños y niñas murieron cuando las fuerzas de seguridad irrumpieron en su poblado de Dos Erres.
Desde que en 1994 se inició oficialmente la investigación sobre esta masacre, ningún alto mando ni autoridad ha comparecido ante la justicia por su papel a la hora de ordenar, planificar o ejecutar las violaciones de derechos humanos generalizadas y sistemáticas que tuvieron lugar en Guatemala, denunció Amnistía.
"Las pocas investigaciones que se iniciaron fueron deplorablemente lentas e inadecuadas", afirmó la ONG.
"Las autoridades guatemaltecas tienen el deber legal y moral de garantizar que se investigan los delitos cometidos durante el conflicto armado interno del país, muchos de los cuales constituyen crímenes de lesa humanidad, y que los responsables comparecen ante la justicia", declaró Howard.
Según expresó en el comunicado, "sin justicia, Guatemala no podrá avanzar y dejar atrás su oscuro pasado."
En relación con la investigación y proceso penal que se sigue en España contra militares como Efraín Ríos Montt y Óscar Mejía Víctores, AI recordó que la Corte de Constitucionalidad de Guatemala dejó sin efecto las órdenes de arresto y extradición emitidas por la Audiencia Nacional y el Gobierno español, en una decisión que consideró "contraria a sus obligaciones internacionales".
Por ello, pidió al Gobierno español que haga valer el tratado de extradición para evitar que estos graves crímenes queden impunes.
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