Madrid.- Los representantes de las asociaciones judiciales comparecerán en el Congreso el próximo miércoles, una semana después de la huelga de jueces, para informar a los grupos parlamentarios de sus reivindicaciones y de las razones que les llevaron a convocar la protesta del pasado 18 de febrero.
Los portavoces de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Jueces para la Democracia (JpD), Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y Foro Judicial Independiente (FJI) acudirán a la Comisión de Justicia de la Cámara Baja a petición del PSOE y, al igual que lo ocurrido con la huelga, su comparecencia tampoco tiene ningún precedente en la práctica parlamentaria.
Al no tratarse de cargos públicos no están obligados a dar explicaciones en el Parlamento, ya que únicamente lo estarían en el caso de que fueran convocados por una comisión de investigación.
Sin embargo, desde un primer momento las asociaciones se han mostrado dispuestas a explicar en el Congreso la lista de reivindicaciones que han planteado al Gobierno y que incluyen desde la urgente instauración de la Oficina Judicial hasta la informatización de los Juzgados, pasando por un aumento de las inversiones y del número de jueces y el mantenimiento de la facultad de señalar la fecha de los juicios y vistas.
Pese a que la huelga del 18-F sólo fue convocada por dos asociaciones, la Francisco de Vitoria y el Foro Judicial Independiente, en el planteamiento de las reclamaciones no hay fisuras en la carrera judicial, y todos comparten que el Ejecutivo debe redoblar los esfuerzos para satisfacer sus demandas.
El PSOE, amparándose en el artículo 44.4 del Reglamento de la Cámara Baja, registró la petición de comparecencia antes de la huelga, admitiendo que uno de los temas a debatir sería si un poder del Estado tiene este derecho.
La cuestión ha cobrado aún mayor relevancia después de que el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, anunciara que estudia prohibir por ley las huelgas de jueces.
De hecho, las asociaciones ya han lamentado que la respuesta al éxito del paro judicial hayan sido "invocaciones a cercenar derechos constitucionales de los jueces".
También tiene fecha ya la comparecencia en la Comisión de Justicia del Congreso del presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Dívar, quien el próximo 16 de marzo informará a los grupos sobre la política disciplinaria del Consejo y las reformas para mejorar la Administración de Justicia.
La huelga de jueces convocada el pasado miércoles tuvo un seguimiento del 38 por ciento de los 101 jueces que ejercen en Baleares.
La convocatoria nacional fue secundada en la comunidad solo por los jueces de Palma e Ibiza, isla en la que el seguimiento del paro fue del 77 por ciento. Los partidos judiciales de Inca, Manacor, Mahón y Ciudadela optaron por esperar al 26 de junio, cuando se prevé un nuevo paro.
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