Zaragoza.- El portavoz de IU en las Cortes, Adolfo Barrena, ha exigido hoy, ante el inminente trámite del proyecto de Ley Urbanística de Aragón, una norma más social, progresista, sostenible y de izquierdas, ante las "gateras" que abre el proyecto presentado por el Gobierno de Aragón a desarrollos especulativos.
El portavoz de IU en las Cortes de Aragón, Adolfo Barrena. EFE/Archivo
Barrena y la coordinadora de IU en las Cortes, Patricia Luquín, han presentado hoy en rueda de prensa las 133 enmiendas que ha registrado la coalición de izquierdas a este proyecto de ley que, según Barrena, sigue apostando por la "parte económica" del urbanismo, el que lo ha usado como fuente de financiación y que, por lo tanto, no es social, además de abrir la puerta a la discrecionalidad y de profundizar en los proyectos de interés autonómico que decide el propio Ejecutivo y que éste puede llevar a cabo aunque el municipio implicado no esté de acuerdo.
Por eso, el proyecto de ley "adolece de una grave inseguridad jurídica" y aunque incluye algunos elementos de control, éstos son para IU "insuficientes".
Además, deja a Zaragoza "en el limbo" en el que la colocó el proyecto de ley de adaptación a la Ley estatal del Suelo que se aprobó en enero de 2008 y que excluye a la capital, según Barrena, de cualquier tipo de legislación urbanística.
Las enmiendas de IU, ha explicado Luquín, pretenden incidir en un urbanismo más social frente a un proyecto que tiene un carácter "fundamentalmente empresarial".
El Gobierno de Aragón, ha añadido, "no ha sido valiente" para hacer una ley que ponga a la comunidad autónoma a la vanguardia con un modelo "sostenible" y que "tenga en cuenta el interés social".
Con las enmiendas se pretende limitar el papel de la figura del agente urbanizador, copiada de la ley valenciana, que "lejos de primar el urbanismo controlable, le otorga poderes por encima de los de los propios propietarios del suelo" que se pretende regular.
Especialmente crítica se ha mostrado con la figura de los planes y proyectos de interés autonómico, porque el Gobierno tiene "absoluta discrecionalidad" para decidirlos y excluye a las Cortes de Aragón de cualquier implicación al respecto, a pesar de ser algo "lo suficientemente importante" como para que el Parlamento pudiera decidir acerca de ellos.
El proyecto de ley, ha agregado, invade la autonomía municipal pero deja a los alcaldes libertad para decidir por si solos, sin la participación del pleno municipal, sobre elementos "importantísimos" del planeamiento urbanístico.
IU apuesta por las sociedades urbanísticas, pero con capital mayoritariamente privado, por poner en marcha un registro público de propietarios de locales y por primar la rehabilitación integral de los cascos antiguos.
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