Adiós a los cupos de detención de extranjeros, pero no al problema

Primero fueron las impopulares medidas de Berlusconi en materia de inmigración. Después, los británicos con manifestaciones en contra de los trabajadores extranjeros. Ahora son las instituciones españolas las que se encuentran en observación. ¿La enfermedad? La xenofobia. Un documento que recoge las supuestas instrucciones para detener a indocumentados en una comisaria de la Policía Nacional de Madrid ha hecho saltar las alarmas. De acuerdo con el texto, los agentes debían cubrir un cupo de detenciones e intentar que éstos fueran de nacionalidad marroquí, más "baratos" de repatriar. En el centro de todas las miradas, el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, que comparece hoy en el Congreso para ofrecer datos sobre inmigración ilegal. Las cifras llegan teñidas de sospechas por las circunstancias en las que fueron conseguidas. Eso sí, llega a la Cámara Baja con un problema menos: los cupos. Aunque defiende la utilidad de los objetivos cualitativos en la lucha contra la delincuencia, para evitar nuevos "malentendidos", se acabaron los "objetivos numéricos" en las infracciones a la Ley de Extranjería. ¿Fin del problema? Los expertos analizan los dos puntos clave de la controversia.

Daquella Manera (Flickr)

La 'mano dura' traspasa la frontera de los derechos humanos.

Asociar delincuencia e inmigración

Extranjeros: en base a la población de cada distrito, hay que hacer un número de detenidos. Villa Vallecas, objetivo = 35. Si no los hay, se va a buscarlos fuera del distrito

Si Interior y la Dirección General de la Policía Nacional han decidido eliminar los cupos, la conclusión es inmediata: éstos existían y además, según Rubalcaba, son cruciales para la labor policial. Así, el ministro no duda en asegurar que "la prioridad de la Policía es detener ilegales cuando estos inmigrantes están vinculados a la delincuencia". Precisamente esta afirmación es la que más ampollas ha levantado entre los activistas contras los derechos humanos y contra el racismo.

Es el caso de Ángela Iranzo, responsable de política interior de Amnistía Internacional (AI). Según ella, estas actuaciones policiales —todavía por demostrar— y las afirmaciones del titular de Interior, "pueden contribuir a que directamente se establezca una relación entre inmigración y delincuencia". Iranzo cree que esto se agrava teniendo en cuenta el "contexto de crisis" —que llama al racismo— en el que nos encontramos actualmente, ya que esto podría llegar a "justificar el endurecimiento de las políticas migratorias que violan los derechos humanos" ante la sociedad.

Otras organizaciones como el Movimiento contra la Intolerancia van más allá y hablan de "detenciones masivas", "vulneran la Ley de Seguridad Ciudadana". Además, en su opinión, lanzan un mensaje equívoco a los ciudadanos "a los que les entra por los ojos que el inmigrante es potencialmente un delincuente, al ver detenciones en los controles policiales", aseguraba Esteban Ibarra, presidente de la plataforma, en declaraciones a Servimedia.

Distinción entre los propios indocumentados

Marruecos, prioritario (Se expulsan porque la mayoría del traslado se hace por carretera y se documentan bien. Bolivia, no se expulsan en la actualidad. Capacidad de plazas en vuelo, limitadas)

Ni la Policía ni Interior se atribuyen esta supuesta orden, pero no falta quien le dé toda la credibilidad. Es el caso de la Asociación de Trabajadores e Inmigrantes Marroquíes en España (ATIME), que asegura que lleva denunciando estas actuaciones desde julio del año pasado, "especialmente en otros puntos de España (Torre-Pacheco , Murcia ), por lo que se demuestra que no es la primera vez que hay que hacer frente a estas situaciones".

No es extraño que el colectivo marroquí se haya sentido especialmente ofendido al conocer las supuestas directrices que seguían algunos policías de la capital madrileña. De acuerdo con Hernando Perdomo, abogado experto en temas de inmigración, se trataría de un caso de "discriminación" sin paliativos. "Cuando las instituciones se dirigen hacia un colectivo hay una discriminación", asegura el letrado, para quien ante estas directivas sólo caben dos interpretaciones: que el funcionario esté haciendo "una interpretación y una aplicación indebida de la ley", o bien que "las directrices estén violando la ley".

Ángela Iranzo, de Amnistía Internacional lo tiene claro. "Debería prohibirse el establecimiento de criterios raciales para cualquier procedimiento", sostiene, basándose en diversos tratados internacionales —a los que el Gobierno español se ha adherido voluntariamente— que prohíben cualquier criterio de discriminación en la administración. Iranzo recuerda que todavía perviven estas vetas xenófobas en la aplicación de algunas leyes, como la instrucción 14/2005 sobre violencia de género, que permite que una mujer sea detenida por estar indocumentada cuando denuncia una situación de maltrato.

Iranzo califica de "lamentable" que el propio Ministerio del Interior "dé estas directrices a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado". Entre otras cosas, la portavoz de AI señala que la función del Gobierno, "en una época tan delicada", es proteger a los inmigrantes que, en definitiva, son los que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad. "Sin embargo, está haciendo todo lo contrario", sentencia, criticando "un control migratorio que incide en la diferencia y que se atribuye a una etnia determinada".