El Gobierno ha querido zanjar la polémica suscitada por el documento que revela prácticas dudosas en una Comisaría madrileña en la aplicación de la Ley de Extranjería. Con la comparecencia ayer del ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, se ha dado carpetazo a un asunto en el que la única certeza es que el documento es verdadero. El propio ministro lo ratificó. "Es evidente que esa hoja existe. Alguien no ha hecho las cosas bien y punto", sentenció. Begoña Moreno, del Sindicato Unificado de la Policía, cree que "se le veía nervioso" y acorralado dando explicaciones sobre el caso, pero con este "y punto", zanja una polémica de la que sólo conocemos la punta del iceberg. Además, deja tres preguntas cruciales sin contestar. ¿Eran ilegales o no estas prácticas? ¿Quién las ejecutaba? Y sobre todo ¿quién las ordenaba?
Rubalcaba no aclara el asunto de las detenciones de inmigrantes.
Sólo hay que juzgar las reacciones suscitadas entre los sindicatos policiales, los grupos parlamentarios y las ONGs para darse cuenta de que el asunto reviste más gravedad y tiene más importancia que la que se le está dando desde las instancias políticas. En concreto, los puntos peliagudos son tres:
Una de las principales bazas del Ministerio para quitarle hierro al asunto es que no se sabe "si la policía ha llegado a cumplir esas directrices". Tanto los principales sindicatos del cuerpo, como el Partido Popular, han pedido cifras que puedan clarificar este asunto, ya que podrían demostrar si ha aumentado el número de detenciones, en qué distrito y de qué nacionalidad son. El último comunicado del Sindicato Unificado de la Policía, la Confederación Española de Policía, la Unión Federal de la Policía y el Sindicato Profesional de Policía es rotundo. "Con estos datos se comprenderá la aberración y absoluta inutilidad que supone usar a los servicios de protección preventiva y seguridad ciudadana en una cuestión que es meramente estadística, que no aporta nada a la seguridad de los ciudadanos y que se lleva a cabo como estrategia política de este Ministerio", aseguran.
El ministro se opone a dar las cifras "porque nunca se han dado", pero defiende a capa y espada que las detenciones a indocumentados han bajado significativamente en los últimos meses. "Pocos palotes se han hecho este año", aseguraba con sorna en su comparecencia en la Comisión de Inmigración. Rafael Hernando, portavoz del PP le contradice escudándose en los datos del primer trimestre de 2008 —los últimos que se conocen—, que evidencian un crecimiento exponencial de los arrestos. Otras cifras más recientes apuntan a un crecimiento de más del 140% en las detenciones a personas indocumentadas. Según unos datos oficiales a los que han tenido acceso el ABC, entre diciembre y la primera mitad de enero, se produjeron 4.015 arrestos por infracción de la Ley de Extranjería, mientras que en el mismo periodo del año anterior fueron 1.667.
Y si los datos son un enigma, más aún lo es la autoría de la orden que recoge el documento que ha dado lugar a todo este embrollo. A modo de cuestionario, hemos acotado a tres las posibilidades:
Esto es lo que mantienen los sindicatos policiales. Según ellos, "las prácticas de identificaciones indiscriminadas de jóvenes y extranjeros, que adquieren al producirse el carácter de sospechosos, son producto de instrucciones de los responsables políticos". El Ministerio no asume ninguna responsabilidad al respecto y echa balones fuera. Las últimas declaraciones de Rubalcaba son muy ilustrativas.
Quiero decir con toda rotundidad que no existe ninguna instrucción, ninguna circular, ninguna orden, ni verbal ni escrita, dictada por los responsables policiales, que son el Director General de la Policía o director operativo para establecer un cupo de inmigrantes ilegales a detener. Por tanto, no se ha procedido a ninguna rectificación, ya que no se puede rectificar algo que no se ha adoptado previamente.
Interpretando sus palabras al pie de la letra, sólo niega con "rotundidad" que exista una instrucción "dictada por los responsables policiales, que son el Director General de la Policía o director operativo". Así, deja abierta la posibilidad de que se trate de un caso de mala praxis por parte del propio cuerpo de Policía. De hecho, el Ministerio sí reconoce una instrucción referida a la inmigración. "Lo que yo he dicho es que hay que priorizarse en inmigrantes indocumentados que cometen delitos. Es la única instrucción que he dado a la Policía", asegura Rubalcaba, dejando que cada uno saque sus propias conclusiones. ¿Una mala interpretación de esa instrucción, quizás?
Precisamente la primera reacción del ministro fue alegar que alguien pudo interpretar mal las instrucciones de Interior al aplicar la Ley de Extranjería. Apenas 24 horas después reconocía que "se lució" dando estas declaraciones, y hacía una férrea defensa de la educación democrática de la Policía en nuestro país. Eso sí, una defensa aderezada con frases de amplia interpretación como "yo no lo he ordenado, pero aunque lo hubiera hecho, ningún policía está obligado a cumplir órdenes inconstitucionales", o "estoy seguro de que la Policía habría incumplido esta instrucción". ¿Se ha hecho o no se ha hecho? Por si acaso, el titular de Interior deja claro que "se ha cortado".
El Sindicato Unificado de la Policía cree que no es descabellada una mala interpretación de la ley por parte de los funcionarios del cuerpo. "No se sabía como hacerlo y ahora se sabe", sostiene su portavoz, Begoña Moreno, que se queja de la falta de personal cualificado para llevar a cabo este trabajo. Con todo, los sindicatos sostienen en un comunicado que "alguna responsabilidad tendrá el Ministerio del Interior, que informado de todo esto por los sindicatos policiales, no ha hecho nada al respecto hasta que la opinión pública ha supuesto una amenaza para el ministerio".
De acuerdo con las explicaciones del Ministerio, ningún responsable político está detrás de las directrices dadas a algunos policías, como a los de la comisaría de Villa de Vallecas. La Policía también está limpia, cree el Ministro, ¿entonces quién? Recordemos que, según sus palabras, "alguien ha hecho mal su trabajo", pero no hay nombres ni intención de depurar responsabilidades. Tan sólo una "instrucción para que no haya malentendidos". Según Rubalcaba, "parece que hay algunos comisarios que han incorporado esta práctica". También reconoce que "es verdad que puede haber una comisaría que se hayan puesto cupos, pero eso lo hemos eliminado", pero del quién, cómo, el cuándo y el dónde, ni una sola palabra.
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Si esto es cierto, no vendría a ratificar lo que todos sabemos. Y es que existe racismo institucional en este país. +
Hay demasiadas preguntas en el aire y los responsables con pocas ganas de contestarlas. +
Soitu.es se despide 22 meses después de iniciar su andadura en la Red. Con tristeza pero con mucha gratitud a todos vosotros.
Fuimos a EEUU a probar su tren. Aquí están las conclusiones. Mal, mal...
Algunos países ven esta práctica más cerca del soborno.
A la 'excelencia general' entre los medios grandes en lengua no inglesa.
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