El Gobierno chileno confirma dos nuevos casos de falsas víctimas de la dictadura

Santiago de Chile.-  El Gobierno chileno confirmó hoy dos nuevos casos de falsas víctimas de la dictadura (1973-1990), con lo que ya son siete los detectados en los últimos tres meses.

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(EFE)

El Gobierno chileno inició la investigación de los casos luego de que el Canal 13 denunció el hecho la semana pasada. EFE/Archivo

El ministro del Interior en funciones, Patricio Rosende, anunció que Gustavo Edmundo Soto Peredo, quien está registrado como detenido desaparecido, no fue víctima de violaciones de los derechos humanos, como tampoco lo fue su supuesto hijo, Rubén Simón Soto Cabrera.

El Canal 13 de la televisión chilena denunció este hecho la semana pasada y entonces el Gobierno se dio un plazo de siete días para investigar si Soto Peredo había sido un detenido desaparecido, ya que así consta en el informe Rettig de 1991 sobre violaciones de los derechos humanos.

La investigación ha determinado que Soto Peredo murió el 18 de agosto de 1973 a causa de una herida con un objeto cortopunzante en la ciudad de Talcahuano, a 531 kilómetros al sur de la capital chilena, precisó hoy Radio Cooperativa.

Rosende afirmó hoy que María Cabrera Silva, la cuñada de Soto Peredo que realizó la denuncia, mintió en su declaración ante la Comisión Rettig y ante la Vicaría de la Solidaridad, un organismo de la Iglesia Católica que luchó a favor de los represaliados.

Las pesquisas también han permitido aclarar que Rubén Simón Soto Cabrera, supuesto hijo de Gustavo Edmundo Soto Peredo, tampoco fue detenido desaparecido, a pesar de que así lo indica el informe Rettig.

"No hemos podido dar con el paradero de Rubén Simón Soto Cabrera, pero tenemos la convicción de que su desaparición no obedeció a causas políticas, como falsamente denunció su supuesta hermana, Patricia Soto", afirmó Rosende.

Estas dos falsas víctimas figuran como auténticas en el informe que las Fuerzas Armadas de Chile presentaron ante la Mesa de Diálogo sobre Derechos Humanos, constituida en el año 2000 por militares, abogados defensores de las víctimas y activistas de derechos humanos.

Así lo confirmó a Efe Hugo Montero, el jefe jurídico del Programa de Derechos del Ministerio del Interior de Chile, quien afirmó que esa documento indica que Soto Peredo fue detenido el 13 de septiembre de 1973, dos días después del golpe de Estado de Augusto Pinochet, y ejecutado el día 16 de ese mes.

Montero consideró que esta inclusión debe de responder a un "error" de las Fuerzas Armadas.

Las autoridades han puesto la información relacionada con los dos nuevos supuestos fraudes a disposición del juez Carlos Fajardo, quien investiga los casos de falsos detenidos.

En noviembre del año pasado se conoció el caso de Germán Cofré Martínez, quien figuraba como detenido desaparecido pese a que había vivido desde 1973 en Argentina, lo que llevó a las autoridades a revisar los datos disponibles para detectar otros posibles casos.

El Gobierno detectó los casos de Carlos Patricio Rojas Campos, Edgardo Iván Palacios y Emperatriz Villagra, identificados erróneamente como detenidos desaparecidos.

A juicio de las autoridades esta situación no empaña la labor realizada en su día por la Comisión Rettig, que en 1991 documentó los casos de ejecutados y desaparecidos políticos durante la dictadura, y por la Comisión Valech, que en 2003 investigó los casos de los torturados y presos políticos.

Rosende precisó que "el Gobierno no tiene facultades legales para iniciar procesos de investigación en el contexto de los informes Rettig, Valech o de la Corporación de Reparación,

"Nuestra única facultad legal en esta materia es prestar asistencia social y jurídica a los familiares de las víctimas de las violaciones a los derechos humanos", puntualizó.