Chile recogerá muestras de sangre de familiares de desaparecidos

Santiago de Chile.-  El Gobierno chileno inició hoy una campaña de recogida de muestras de sangre de familiares de detenidos desaparecidos durante la dictadura de Augusto Pinochet.

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(EFE)

La toma de muestras gratuita se llevará a cabo en los centros del Servicio Médico Legal de todo el país. EFE/Archivo

La campaña, que se difundirá a través de los medios de comunicación chilenos durante los próximos tres meses, busca conformar una base de datos que ayude a la identificación de los restos óseos encontrados y a corregir identificaciones erróneas, indicó el ministro de Justicia, Carlos Maldonado.

La toma de muestras gratuita se llevará a cabo en los centros del Servicio Médico Legal de todo el país.

Por primera vez en Chile, el Gobierno pagará espacios televisivos para difundir un spot bajo el título "Vives en nosotros. Te llevamos en la sangre", en el que un grupo de familiares de víctimas de la dictadura invitan a parientes de los desaparecidos a donar muestras.

El ministro de Justicia afirmó durante la presentación de la campaña, celebrada hoy en Santiago, que la iniciativa supone una "obligación con las víctimas" y señaló la importancia de "no dejar jamás de buscarlas" para "poderlas entregar a sus familias".

Por su parte, la portavoz del Ejecutivo, Carolina Tohá, dijo que con este proyecto se pretende "dar un paso más que contribuya a preservar en Chile la memoria" y avanzar "en el esclarecimiento de la verdad" para que "la justicia pueda operar mejor".

La portavoz recalcó la importancia de la campaña pues existe, según dijo, una gran cantidad de casos de los que no se tienen muestras.

El director nacional del Servicio Médico Legal, Patricio Bustos, apeló al compromiso hecho hace dos años por la presidenta Michelle Bachelet de trabajar para dar una respuesta a los familiares de los detenidos desaparecidos y la búsqueda de la memoria, la justicia y la verdad.

Desde aquel día, en el que se inauguró un laboratorio de muestras de ADN para la identificación de víctimas de la dictadura chilena, se han tomado más de 2.000 muestras.

Patricio Bustos señaló que con esta campaña se abre una nueva etapa para buscar, a través de los medios de comunicación, a familiares de desaparecidos de los que no se tienen muestras.

Al acto de presentación de la campaña han asistido familiares de víctimas de la dictadura como Hugo Fuentes Díaz, de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, cuyo hijo, un estudiante de ingeniería civil y carabinero de la tercera comisaría de Santiago, fue asesinado durante el régimen militar.

Fuentes Díaz, que pudo enterrar a su hijo, señaló la perseverancia que ha tenido, junto a su familia, por reivindicar los derechos humanos y su deseo, con esta campaña, de que otros tengan justicia a través de localización de los restos de sus familiares.

Por su parte, Ana Gónzalez, uno de los personajes que salen en el spot televisivo y componente de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, destacó la importancia de que el país tome conciencia de la situación de las familias con parientes desaparecidos.

Los dos hijos, el marido y la nuera embarazada de González fueron detenidos en 1976 y no ha sido encontrados hasta el momento.

Después de las detenciones de sus familiares, ella se unió a un grupo de mujeres que buscaban a sus familiares por cárceles, hospitales y campos de concentración, entre otros lugares.

Años más tarde, desafiando al régimen, fundaron la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, que hoy participa en la campaña de recogida de muestras de sangre.

Durante el régimen de Pinochet (1973-1990) unos 3.200 chilenos murieron a manos de agentes del Estado y 1.192 de ellos integran aún las listas de detenidos desaparecidos, según estableció en 1991 el "Informe Rettig", que investigó las violaciones a los derechos humanos con resultado de muerte cometidas durante la dictadura.

Más tarde, durante el Gobierno de Ricardo Lagos (2000-2006), otra comisión, encabezada por el obispo católico Sergio Valech, estableció que más de 28.000 personas fueron víctimas de torturas.