Lola Gorostiaga dice que la aplicación de la ley creará 3.000 empleos hasta 2015

Santander.-  La vicepresidenta de Cantabria, Lola Gorostiaga, ha anunciado hoy en el pleno del Parlamento que en el 2015 se habrán creado unos 3.000 empleos directos como consecuencia del desarrollo de los servicios y las prestaciones previstos en la Ley de Dependencia, que reciben en la comunidad 5.142 personas.

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(EFE)

La vicepresidenta de Cantabria, Lola Gorostiaga (en la imagen de archivo), ha anunciado hoy en el pleno del Parlamento que en el 2015 se habrán creado unos 3.000 empleos directos como consecuencia del desarrollo de los servicios y las prestaciones previstos en la Ley de Dependencia, que reciben en la comunidad 5.142 personas.

Gorostiaga, consejera de Empleo y Bienestar Social, ha comparecido esta tarde a petición propia en el pleno para informar sobre el desarrollo de la Ley de Dependencia, que ha defendido como una oportunidad para el empleo y un foco constante de generación de puestos de trabajo y actividad económica.

Y ha anunciado que este año se incrementará la oferta de formación específica para un sector que en los próximos años va a demandar cientos de profesionales y que ya ha creado 300 empleos cualificados.

Durante su exposición, la vicepresidenta se ha mostrado "moderadamente satisfecha" sobre el proceso hacia la plena implantación de la ley -que concluirá en 2015-, porque, según ha dicho, quedan muchos retos hasta que el cuarto pilar del Estado de Bienestar "esté totalmente construido".

Según sus datos, tras más de año y medio de implantación de la norma, y a fecha 15 de enero de 2009, las personas reconocidas -entre las 14.559 solicitudes presentadas- como en situación de Gran Dependencia o Dependencia Severa en el nivel de mayor intensidad alcanzan las 9.913.

Esta cifra va a verse incrementada "notablemente" porque en 2009 y 2010 se ampliarán las prestaciones a las personas con dependencia severa en el nivel de menor intensidad.

El perfil de la personas dependiente se corresponde con una mujer de 79 años, con Gran Dependencia en su nivel máximo, que vive en su domicilio atendida por un familiar, que recibe una prestación económica para el cuidado en el hogar.

De hecho, de las 5.142 personas que reciben una prestación o servicio, casi 3.000 (el 57%), lo hace en forma de prestación económica para cuidados en el entorno familiar, con una cuantía media de 405 euros mensuales.

Gorostiaga ha explicado que esta prestación económica está evidenciando una la realidad social de los familiares cuidadores muy extendida en la comunidad. Se trata de mujeres (86%), con una media de edad de 56 años, que cuidan a personas mayores de 75 años que son, fundamentalmente, sus madres o sus padres.

Otras 1.552 personas reciben atención residencial, 306 cuidados en centros de día, 204 servicios de ayuda a domicilio y 156 otros servicios combinados.

En total, disponen de una ayuda 5.142 personas, el 60 por ciento de las que han sido valoradas, una vez descontadas las 711 que han fallecido recibiendo la prestación o servicio.

La vicepresidenta ha subrayado el compromiso del Gobierno regional con los servicios sociales y con la aplicación de esta ley, a la que se dedicarán este año 106 millones de euros, al tiempo que ha defendido que no hay una región de España más eficaz que Cantabria en la tramitación de las solicitudes, en las valoraciones individuales y en el establecimiento de los planes individuales de atención.

Gorostiaga ha pedido al PP que "abandone su discurso catastrofista" y procure no trasladar a los ciudadanos una realidad desvirtuada, colabore y se sume al desarrollo de la Ley de Dependencia de manera constructiva.

La parlamentaria del PP María Antonia Cortabitarte ha opinado que las expectativas que ha generado esta ley "no se han cumplido", a pesar del "discurso triunfalista y auto-complaciente" del Gobierno y de los grupos que le apoyan.

Según Cortabitarte, la aplicación de esta ley encuentra dos problemas: la falta de financiación estatal y el "largo y engorroso" procedimiento que hay que seguir para que se reconozcan las ayudas.

Y ha explicado que el Estado no ha cumplido "ni de lejos" el compromiso de financiar el 50 por ciento de las prestaciones y, de hecho, en 2008 destinó a Cantabria el 12 por ciento.

Cortabitarte ha criticado también el "larguísimo y complejo" proceso de valoración, con plazos que, según sus datos, superan los cinco meses, con lo que muchos de los solicitantes fallecen, y ha opinado que cada vez que el Gobierno habla de la aplicación de esta norma "se pone medallas".

La regionalista Rosa Valdés ha opinado que la comunidad está en el buen camino y ocupa un lugar destacado en la aplicación de ésta, al tiempo que ha criticado al PP por practicar la "crítica corrosiva" y exigir al Gobierno el desarrollo de una norma "en la que nunca ha creído y que nunca ha defendido".

La socialista Cristina Pereda se ha mostrado convencida de que si el PP volviera a gobernar, derogaría esta ley.